EFE / La Plataforma Estatal de organizaciones de familiares y usuarias de residencias ha exigido este miércoles que los Parlamentos de las comunidades investiguen qué ha pasado durante la pandemia para que murieran unos 40.000 ancianos en estos centros y se estudien las secuelas en los que han sobrevivido.

Quince organizaciones de familiares y usuarias de diez territorios de España se han unido para crear esta nueva Plataforma de ámbito español, que hoy se ha presentado en una rueda de prensa telemática por parte de sus portavoces María José Carcelén (Cataluña), Paulino Campos (Galicia) y Miguel Vázquez (Madrid).

La nueva Plataforma ha elaborado un decálogo de reivindicaciones, entre las que se incluye la creación de comisiones de investigación en los diferentes parlamentos autonómicos para que se sepa lo que ha sucedido durante la pandemia y «para que no se repita la situación vivida», con miles de fallecidos.

Campos ha indicado que la Plataforma estima que los ancianos muertos en las residencias a causa de la COVID-19 podrían ascender a unos 40.000, diez mil más que los contabilizados por los datos oficiales.

Carcelén, por su parte, ha apuntado que la Administración debería hacer un estudio en toda España sobre las secuelas emocionales y físicas sufridas por las personas que viven en residencias y que han padecido «encierros salvajes de meses», durante y después del confinamiento general de la población.

«Personas que caminaban y ya no lo hacen, que se comunicaban con sus familiares y ahora ya no, se ha de saber qué secuelas se han producido» en la población de las residencias, ha considerado, además de «acabar con los confinamientos arbitrarios y que se respeten los derechos constitucionales de los residentes».

Una «cuestión básica» para los representantes de los familiares es también que se establezcan, de forma científica, unas ratios de personal en las residencias que se centren en la atención a los ancianos y no en los beneficios de las empresas privadas que gestionan estos centros.

«Las ratios pueden suponer la diferencia entre vivir dignamente o vivir un infierno» en una residencia, ha considerado Vázquez.

Los familiares de residentes también abogan porque en las residencias se tenga atención sanitaria pública, con un centro de salud y un hospital de referencia, que haya equipamientos mínimos para la atención de los ancianos, se aborde la polimedicación, para que se reduzca, y se estudien las infecciones repetitivas de orina y también las secuelas del confinamiento.

Quieren «inspecciones reales y sin preavisos, con transparencia e independencia del poder político y de las direcciones de los geriátricos»; que se haga un control de calidad de los servicios de forma continuada y se contemplen parámetros como el porcentaje detectado de úlceras por presión en los residentes, las caídas que se producen al año, los casos de desnutrición y que se acabe con las ataduras físicas o químicas.

La Plataforma estima que el déficit de plazas de residencia en España está entre las 75.000 y las 80.000, un cálculo que ha establecido según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y reclama que las que son de titularidad pública pero están gestionadas por empresas privadas se recuperen en cuanto se acaben las concesiones.

«Es imprescindible que el Gobierno mejore la financiación y también que se agilicen las ayudas a la dependencia», que tiene una lista de espera de unas 234.000 personas en España, según datos oficiales.

Han deplorado, por otra parte, que «la Fiscalía no haya entrado en las residencias» a hablar con residentes, familiares y trabajadores y, por el contrario, haya archivado una denuncia de 30 residencias, con 195 denunciantes, en Cataluña, entre otras.

Por ello, la nueva Plataforma estudia la posibilidad de recurrir al Parlamento Europeo y a la Corte Europea de Derechos Humanos y presentar una denuncia colectiva por las muertes y aislamientos en las residencias españolas.

Entidades de Andalucía, Cataluña, Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Madrid, Baleares, Euskadi, Canarias y Galicia han impulsado la Plataforma estatal, que nace con la voluntad de cambiar el actual sistema residencial, «usurero, mercantilista e inaceptable».