La primera Jornada de huelga del personal laboral de la Administración de Justicia, el pasado 24 de mayo, «tuvo un éxito rotundo, con un seguimiento del 90%», destacan los convocantes, que anuncian nuevas jornadas de paro «ante la falta de respuestas por parte del ministerio».
«A pesar de que es un grupo muy heterogéneo, que engloba muy diversas disciplinas y categorías profesionales, todos ellos se muestran unidos, concienciados e implicados en conseguir unas justas condiciones laborales», destacan y critican que el Ministerio de Justicia sigue sin pronunciarse ante las reivindicaciones planteadas por los Equipos Técnicos Forenses y, en general, por todo el personal laboral de la Administración de Justicia.
Por ello han convocado nuevas jornadas de huelga y seguirá habiendo concentraciones y manifestaciones en las principales capitales de provincia.
Los convocantes señalan especialmente la labor de «educadores, trabajadores sociales y psicólogos forenses que intervienen en procedimientos judiciales como la violencia de género, agresiones sexuales, menores infractores, menores víctimas de malos tratos, guardas y custodias elaborando informes periciales que posteriormente deben ratificar en los juicios en calidad de peritos».
«La responsabilidad de su trabajo y la necesidad de especialización nunca ha sido reconocido por la Administración, que durante más de treinta años ha ignorado las condiciones laborales de este colectivo»,», denuncian.
Afirman además que se han visto «abocados a recurrir, por primera vez, a la huelga para reclamar, una vez más, que el Ministerio de Justicia les convoque en una reunión urgente para exponer detalladamente la precaria situación laboral en la que se encuentran».
El objetivo es negociar una serie de mejoras que, «sin duda, también van a redundar en un mejor funcionamiento y calidad de servicio para los ciudadanos».
Las jornadas de huelga «empeoran el normal funcionamiento de la justicia, provocando que como consecuencia de ellas se hayan visto paralizados procedimientos en los que intervienen dichos profesionales, que son urgentes y no pueden demorarse en el tiempo, siendo los principales perjudicados los colectivos más vulnerables como los menores y víctimas de violencia de género. Por ello, se reclama a la Administración una rápida respuesta que solvente esta situación y no deteriore más el servicio público que prestan los equipos técnicos forenses», concluyen.
