El Consell Insular de Formentera ha acordado desistir del procedimiento judicial interpuesto contra la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) en relación con el concurso para la explotación de instalaciones en el puerto de la Savina. El recurso, presentado contra el acuerdo de la APB del 6 de mayo de 2025, cuestionaba la unificación en una sola concesión de los amarres, locales comerciales y aparcamientos.
La decisión de Sa Unió responde a un análisis técnico que concluye que el litigio se desarrolla en un escenario de «riesgo procesal relevante» y con expectativas de éxito objetivamente reducidas.
El informe en el que se apoya el Consell es tajante al señalar que la APB no se ha excedido en sus facultades al reordenar el puerto. Según el documento, la administración portuaria tiene competencias legales para unificar concesiones que antes se explotaban por separado, especialmente al tratarse de un Puerto de Interés General.
Asimismo, el informe desestima que la nueva concesión vulnere la libre competencia o genere un monopolio:
- Tarifas máximas: Los pliegos establecen un sistema de tarifas vinculantes que impiden el abuso de mercado.
- Concurrencia pública: El proceso permite participar a cualquier empresa que cumpla la solvencia exigida, seleccionando la oferta más ventajosa.
Responsabilidad y eficiencia de recursos
El presidente del Consell, Óscar Portas, ha defendido la retirada del recurso como un ejercicio de «prudencia jurídica y responsabilidad institucional». Portas ha subrayado que continuar con el pleito supondría un elevado coste económico para la institución, con el riesgo añadido de una condena en costas al no existir una base jurídica sólida.
«Gobernar también implica tomar decisiones responsables cuando los escenarios jurídicos no ofrecen garantías. No podemos comprometer recursos públicos en procedimientos con viabilidad limitada», ha declarado el presidente.
Pese al desistimiento judicial, el Consell ha asegurado que se mantendrá vigilante ante la evolución de la gestión portuaria para garantizar que las decisiones de la APB beneficien a los ciudadanos de Formentera. «El desistimiento no implica renunciar a la defensa de los intereses de la isla», ha concluido Portas.
