La asociación Hablamos Español ha mostrado este viernes su confianza en que el Tribunal Supremo (TS) falle a favor de una familia de Baleares que reclama que su hijo reciba, al menos, un 25 % de las clases en castellano, incluidas asignaturas troncales.
La presidenta de Hablamos Español, Gloria Lago, ha recordado que el recurso de casación presentado por la familia, con el respaldo de la asociación, ha sido admitido por el Supremo y está pendiente de resolución, ha informado la entidad en una nota.
«Esperamos que el Tribunal Supremo se pronuncie a nuestro favor», ha señalado Lago, que ha recordado que tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) emitieron votos particulares en contra del fallo, lo que demuestra que «no fue una decisión unánime».
El pronunciamiento del colectivo llega un día después de conocerse otra sentencia de la justicia balear, al desestimar un recurso presentado por la asociación PLIS Educación, al considerar que no estaba legitimada para impugnar directamente.
Hablamos Español ha lamentado esta decisión y ha denunciado que la justicia autonómica balear, junto con la gallega, es «la que más falla en contra de los derechos de los hispanohablantes».
Acusan a la OCB de manipular la resolución judicial
Por su parte, la asociación PLIS ha denunciado que la Obra Cultural Balear (OCB) ha manipulado la sentencia del 25 % en castellano en la enseñanza pública, después de que PLIS pidiera que se impartiera un 25 % de clases en castellano.
La organización ha alegado que esta cuestión no entra en la legalidad del modelo lingüístico balear ni de los proyectos de los centros, sino que la justicia balear ha rechazado su recurso por motivos «estrictamente procesales».
En un comunicado, PLIS ha acusado a la OCB de «tergiversar» la resolución del pasado 1 de septiembre, al presentar el fallo como un aval al sistema vigente.
La entidad ha avanzado que se plantea recurrir en casación al Tribunal Supremo y ha reiterado su compromiso de seguir combatiendo lo que considera un sistema de «inmersión obligatoria de facto».
EFE
