@Noudiari/ La alcaldesa de Eivissa, Marienna Sánchez-Jáuregui, ha firmado el decreto de apertura de la estación de autobuses de Cetis y ha hecho entrega del documento al Consell Insular d’Eivissa, organismo deberá encargarse a partir de este momento de esta cuestión, una de las más espinosas de los últimos años en la isla.
El gabinete de Sánchez-Jáuregui ha remitido un comunicado en el que se indica que este decreto fue ratificado por la alcaldesa el pasado 5 de junio y que los autobuses deberán operar desde esta estación situada en Vila como máximo el día 1 de julio. Vicent Serra, presidente de la máxima institución ibicenca, ha reconocido su inquietud por el alto coste de la explotación de estas instalaciones. «Nos preocupa que la gestión de la estación del Cetis cueste 1,5 millones anuales a la empresa concesionaria, porque el contrato es a 40 años y es mucho dinero, sobre todo si lo comparamos con la estación de autobuses de Sant Antoni, cuya construcción costó 3,5 millones de euros», ha subrayado el presidente del Consell.
Serra también ha explicado que en estos momentos el equipo de gobierno está pendiente de la evaluación técnica de los servicios jurídicos del Consell, que están examinando el contenido del decreto remitido hoy desde la alcaldía de Vila, que va acompañado de un listado de tarifas y horarios.
«Se ve que ha cambiado de criterio»
A pesar de que Marienna Sánchez-Jáuregui afirmó tras el anuncio de su próxima dimisión que en estos días no tomaría decisiones que afectaran de forma grave al municipio, la alcaldesa sí ha aprobado el decreto de apertura de estas instalaciones y con su firma ha ratificado una resolución que no sólo afecta a Vila sino también a toda la isla. Preguntado al respecto, Vicent Serra ha afirmado que «se ve que ha cambiado de criterio; es el suyo y hay que respetárselo».
Según el comunicado remitido desde el gabinete de la alcaldesa, «Marienna Sánchez-Jáuregui, desde su llegada a la alcaldía el 11 de junio de 2011 hasta la fecha actual ha ido realizando todas las actuaciones necesarias tendentes para resolver el tema de la estación de autobuses del Cetis, consistentes fundamentalmente en verificar el cumplimiento técnico y la viabilidad de la estación del Cetis, y bajar al máximo posible el régimen tarifario, como así ha sido al aprobarse por pleno (28 de febrero de 2013) y por mayoría del equipo de gobierno del Partido Popular el importe de tarifas en 5 euros».
La querella criminal de la gestora contra la alcaldesa
La empresa concesionaria de esta estación de autobuses, Sociedad Gestora Cetis S.L., presentó el pasado día 27 de mayo una querella criminal contra la alcaldesa de Vila, Marienna Sánchez-Jáuregui, por los delitos de prevaricación y realización arbitraria del propio derecho.
Sociedad Gestora Cetis S. L. recordó que la infraestructuras cuya explotación le fue concedida “cuenta desde abril de 2011 con todos los informes técnicos municipales favorables y cumple con la legalidad vigente”. Pasados dos años sin que se haya hecho efectivo el traslado de la actividad de los autobuses al Cetis y, en vistas de que tampoco se realizará antes de la inminente campaña de verano, la empresa arguyó que la alcaldesa había incurrido en “una grave dejación del ejercicio de sus competencias y flagrante incumplimiento de la Ley, al no dictar el Decreto de Alcaldía ordenando el cese del uso de la estación de autobuses de la avenida Isidor Macabich y ordenando el traslado de las líneas a la nueva estación de autobuses”.
Según esta empresa, la alcaldesa había omitido la ley de forma «deliberada» y no había ejercitado sus competencias, algo que había redundado en importantes perjuicios económicos para la empresa. En este sentido, los abogados de la concesionaria recordaron la “importante inversión económica” que han realizado sus representados y todo el dinero que han dejado de ingresar a causa de la “imposibilidad de explotar la concesión”. Por último, esta sociedad sacó a relucir los informes técnicos que se realizaron sobre la informal e ilegal estación de autobuses actual de Isidor Macabich, que “en modo alguno reúnen las condiciones de higiene, salubridad, confort y seguridad”.
