EFE / Los diputados españoles de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo mantuvieron este martes un debate acalorado sobre la conveniencia de debatir en la Eurocámara el escándalo de los abusos a menores tuteladas en Baleares, un caso que se mantendrá abierto en este organismo a la espera de recibir más información de las autoridades españolas.
La presidenta de esta comisión, Dolors Montserrat, optó por mantener la petición abierta y, siguiendo las recomendaciones de la coordinadora parlamentaria para los derechos del niño, preguntar a las autoridades españolas y baleares “qué medidas y soluciones se han tomado para dar la tranquilidad y la garantía de que estos menores estén protegidos”.
También piden a la comisión de Libertades Civiles que revisen el asunto y requieren a la Comisión Europea que comparta la información sobre el seguimiento que está haciendo a la transposición en España de la más reciente directiva para luchar contra los abusos y la explotación sexual de menores.
La petición fue presentada por José Luis Sánchez Saliquet, un empresario balear y candidato de Vox al Senado, que denunció que “la inacción y el silencio del gobierno balear es insostenible” ante el caso de 16 menores tuteladas por el Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) víctimas de abusos sexuales.
Sánchez Saliquet señaló que se han bloqueado sendos intentos de establecer comisiones de investigación sobre este caso tanto en el Parlamento balear como en el Congreso de los Diputados y que “nada se sabe” del procedimiento penal iniciado por estos hechos.
El peticionario criticó que los partidos que conforman el gobierno balear crearan en su lugar una comisión de expertos cuyo informe final, lamentó, no hizo referencias a los abusos a los 16 menores.
El representante de la Comisión Europea, Antonio Labrador, incidió en que ya existe una directiva para luchar contra los abusos y la explotación sexual que incluye disposiciones contra la prostitución de los niños y exige a los Estados miembros que tomen medidas para evitar este tipo de situaciones.
Bruselas tiene abierto un procedimiento de infracción contra España y otros 22 países europeos por no haber incorporado correctamente esta directiva a sus legislaciones nacionales y se encuentra “evaluando” las respuestas que le ha enviado el Gobierno español sobre este retraso.
En el debate entre los eurodiputados, la representante del PSOE, Alicia Homs, recalcó que este escándalo “se ha debatido largo y tendido en Mallorca” y criticó que el daño que han sufrido las víctimas es “doble”, por los abusos y la exposición pública de sus casos “cuando se ha optado por mediatizarlos para obtener rédito político”.
Homs incidió en que “se ha perseguido desacreditar a las instituciones protectoras” e hizo referencia a que el peticionario sea un candidato electoral de Vox y que hubiese vinculado la pederastia con la homosexualidad.
Ante este comentario, Montserrat le llamó la atención y le señaló que no se puede permitir que “se evalúe quién es o quien deja de ser el peticionario”.
Por su parte, Idoia Villanueva (Podemos) subrayó que se han archivado las diligencias abiertas para investigar la posible existencia de una red de prostitución al determinarse que se trataba sólo de casos individuales, aunque reconoció que el caso “evidencia la dejación de las instituciones”.
Desde el PP, Rosa Estarás rechazó que los partidos de la oposición balear hayan hecho “alarmismo” por “tener protagonismo” al llamar la atención sobre esta situación y apuntó a que la alarma la han lanzado “los medios de comunicación que lo han visto y se han llevado las manos a la cabeza”.
“Es necesario que venga aquí esta petición porque alguien del IMAS no ha hecho lo que tocaba”, subrayó Estarás, que criticó que “no es un caso aislado” y que muchas veces han sido los padres de los menores, que no tienen su custodia, los que han detectado los abusos y los han denunciado.
También Jordi Cañas (Ciudadanos) coincidió en que “se puede y se debe debatir” este tema en la Eurocámara, “especialmente cuando se han solicitado comisiones de investigación y han sido negadas” por “formaciones políticas que van dando carnets de derechos y libertades y que se han negado a debatir”.
Jorge Buxadé (Vox), por su parte, acusó a la diputada socialista de querer “matar al mensajero porque viene con malas noticias” y tildó el comité de expertos que ha investigado el caso de “una charanga para decir que ellos (el Gobierno balear) han cumplido con la norma”.
