Gobiernos, flotas y ONG conmemoran este domingo el Día Internacional contra la Pesca Ilegal, un problema que gana espacio dentro de las agendas políticas, a una semana de la negociación final, en la Organización Mundial del Comercio (OMC), de un gran pacto sobre los subsidios marinos que ayude a conservar los océanos.
El Día Internacional contra la Pesca Ilegal, No Regulada y No Reglamentada, promovido por la ONU, resalta cada 5 de junio los esfuerzos públicos y privados contra la actividad de las flotas que operan ilícitamente.
La pesca ilegal provoca una pérdida de entre 11 y 26 millones de toneladas anuales de pescado, según la ONU, lo que equivale a entre 10.000 y 23.000 millones de dólares (9.350 y 21.500 millones de euros).
Pero al hablar de pesca ilegal, las organizaciones y los países vinculados al mar e incluso la Interpol aluden tanto a las consecuencias ambientales como a su dimensión laboral, es decir el maltrato o la esclavitud de los tripulantes de algunas flotas que operan ilegalmente.
Cumbre
Los 164 países socios de la OMC celebrarán entre los días 12 y 15 su XII Conferencia Ministerial, en la que la negociación de un acuerdo sobre subsidios globales a la pesca es un punto central, tras más de 20 años de discusiones.
El objetivo es dar una señal fuerte en defensa de los caladeros, y los borradores sobre la mesa dan prioridad a un acuerdo contra la pesca ilegal, no regulada y reglamentada.
La mayoría de los países están a favor de un compromiso, pero quedan puntos por consensuar como las naciones exentas de límites a las subvenciones, el alcance de los subsidios a la pesca artesanal y, uno de los más espinosos para España, la interpretación sobre una limitación de los apoyos al gasóleo marino.
Estados Unidos ha promovido la exigencia de notificar el uso de mano de obra forzada en la pesca, en referencia a las prácticas dudosas de países como China -primera potencia mundial-.
Otro punto de discusión será el cambio de bandera de los barcos para tener ciertas ventajas en países con normativas más laxas.
Novedades
La principal normativa con la que España celebra este año el Día Internacional contra la Pesca Ilegal es la ratificación, el pasado mes de abril en el Congreso, del convenio 188 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) acordado por 437 naciones en 2007 para garantizar condiciones dignas de vida a bordo.
Por otra parte, el Gobierno ha remitido a las Cortes el proyecto de Ley de Pesca Sostenible, pero si bien el texto promueve medidas para una actividad más responsable y regulada no incluye una revisión del régimen de sanciones.
La revisión de las penalizaciones fue anunciada al principio de la legislatura por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
A escala internacional, segmentos de la flota española como los atuneros de Opagac piden que para combatir la pesca ilegal las importaciones cumplan los mismos requisitos que los exigidos a las capturas de los barcos de la Unión Europea y que la pesca responsable se certifique en las latas que llegan a la tienda de alimentación.
«La pesca ilegal supone una amenaza para el estado de las poblaciones, la salud de los ecosistemas y los medios de vida de las comunidades que realizan su actividad de manera legítima. Acabar con esta lacra no es tarea sencilla y requiere del esfuerzo combinado de múltiples actores», según ha declarado a Efeagro la directora de MSC en España, Laura Rodríguez.
MSC, conocida por su certificación de pesquerías sostenibles, tiene numerosos proyectos con barcos españoles que acreditan su implicación en la actividad respetuosa como el mar.
«Aseguramos de que el pescado no se mezcla con el no certificado en la cadena de suministro. Las empresas deben comprobar que no provenga de barcos incluidos en listas negras relativas a pesca ilegal de las organizaciones internacionales; los consumidores pueden tener la confianza de que el pescado con el sello azul proviene de una fuente con sistemas efectivos para abordar la pesca ilegal», según Rodríguez.
Pero dentro del país hay margen de mejora, según un estudio elaborado por la Fundación Marilles e Ibiza Preservation que constata que la pesca ilegal está extendida en Baleares, pero apunta también a la recreativa.
EFE
