El Gobierno ha aprobado este martes el anteproyecto de ley que reducirá el número de alumnos por aula y rebajará el horario lectivo del profesorado a partir del próximo curso. La futura norma, que afectará directamente a los centros educativos de Ibiza y Formentera, fija un máximo de 23 horas semanales en Primaria y 18 en Secundaria, con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo de los docentes y la calidad educativa.
La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, explicó tras el Consejo de Ministros que la medida supondrá una reducción progresiva de las ratios, con hasta 22 alumnos por clase en Educación Primaria y 25 en Secundaria. Además, el alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) computará como dos plazas, algo que tendrá impacto directo en la organización de los centros de las Pitiusas.
Pactado con los sindicatos y pendiente de aprobación definitiva
El anteproyecto, que lleva por título Mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza, se ha aprobado en primera vuelta tras haber sido acordado con los sindicatos de la enseñanza pública. El texto volverá al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva antes de su remisión a las Cortes, previsiblemente entre enero y febrero de 2026.
Alegría confía en un amplio respaldo parlamentario, incluido el de Junts, y recordó que otras leyes educativas recientes también lograron una aprobación mayoritaria.
La ministra señaló que muchas comunidades autónomas ya trabajaban con horarios similares, pero ahora pasarán a ser de carácter obligatorio en todo el país. Educación iniciará un periodo de diálogo con las autonomías, incluida Baleares, para coordinar la aplicación.
Ratios más bajas de forma progresiva
La implantación será gradual. Según el calendario previsto:
- Curso 2027/2028: reducción de ratios en Infantil y Primaria.
- Curso 2028/2029: aplicación en Secundaria.
- Curso 2029/2030: implantación en Bachillerato.
- Curso 2031/2032: aplicación completa.
Una vez aprobado el proyecto de ley, el Gobierno modificará el real decreto de Infantil y Bachillerato en un plazo máximo de seis meses para adaptar los currículos a las nuevas ratios.
Centros vulnerables y nuevas herramientas de evaluación
El Gobierno elaborará también un índice de vulnerabilidad socioeconómica para identificar centros con mayor complejidad, teniendo en cuenta su ubicación, el perfil del alumnado y otros factores. Este índice servirá para reforzar recursos y apoyos, especialmente en zonas como Ibiza y Formentera, donde las necesidades específicas y la presión demográfica condicionan el funcionamiento de los centros educativos.
Alegría destacó que el anteproyecto responde a una filosofía clara:
“Si queremos cuidar a quienes nos cuidan y enseñan, debemos estar al lado de los docentes porque en ellos está el futuro del país”, afirmó.
