Los principales sindicatos y patronales de Baleares han reclamado este miércoles a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que, en su ámbito de competencias y con propuestas al ejecutivo central, plantee medidas de contención del alza de los precios para proteger el bienestar de los trabajadores y la actividad de las empresas.

El presidente de Pimem, Jordi Mora, ha celebrado tras la reunión de la Mesa de Diálogo Social que el Govern consulte con las organizaciones empresariales y sindicales cómo hacer frente a la crisis de los precios energéticos agravada por la guerra de Ucrania, porque «las soluciones pasan por el diálogo».

Mora ha pedido a Armengol que reclame al Gobierno central la ampliación en 24 meses de la carencia de los créditos ICO que se habilitaron ante la crisis de la covid y que el periodo de devolución se extienda a 12 años.

Además, ha abogado por «aislar el precio del gas» del cálculo de coste eléctrico para frenar su incremento «desorbitado» y ha solicitado iniciativas para incrementar la competencia en el mercado energético español con el fin de «tener precios más justos».

También ha aludido a la necesidad de «acabar con el oligopolio que determina el precio de la energía» la secretaria de Empleo y Formación de CCOO, Yolanda Calvo, que ha abogado además por la fijación de precios máximos y ha alertado de la posible extensión de la inflación al mercado del alquiler de viviendas.

«Pedimos un pacto de rentas que además de contemplar una subida salarial que es imprescindible para que la clase trabajadora pueda tener una vida digna, incluya otras medidas como controlar el precio de los combustibles», ha defendido.

Lorenzo Navarro, secretario general de UGT, ha celebrado el mantenimiento del diálogo social para buscar alternativas ante la «situación difícil y complicada» de la economía.

El dirigente sindical ha urgido a «actuar ya» para frenar el «deterioro» de las condiciones de vida de los trabajadores mediante la contención de los precios y la protección del empleo.

El vicepresidente de CAEB Rafael Roig ha señalado que el impacto económico del «aumento de precios desorbitado», tras la crisis de la pandemia, hace difícil la situación económica para «empresarios, autónomos y trabajadores».

En su opinión, es preciso que las administraciones públicas adopten con urgencia medidas para reducir el coste de la energía y otras iniciativas como la revisión de los precios de los servicios que subcontratan con empresas privadas y la aprobación de subvenciones para los sectores más vulnerables. 

Caso concreto de Formentera

Por su parte, la presidenta del Consell de Formentera, Ana Juan, ha pedido a la presidenta del ejecutivo balear, Francina Armengol, que se tenga en cuenta la triple insularidad a la hora de tomar medidas «específicas» para bajar los costes del carburante.

Juan, que ha participado este miércoles en una reunión con Armengol, el resto de consells, el Ayuntamiento de Palma y la Felib, ha reclamado que las medidas que se tomen para paliar la subida del combustible estén «adaptadas» a la situación «específica» de Formentera, han apuntado en un comunicado.

La presidenta insular ha recordado que la isla es un territorio «muy sensible» ante las situaciones de incertidumbre económica, y que los costes del transporte, tanto de pasajeros como de mercancías, «siempre repercuten de manera más grave» en la isla.

En este sentido, y tras reunirse esta semana con la patronal empresarial y el sector primario, Juan ha señalado que el sector pesquero ha visto incrementado el precio del combustible un 100 %, mientras que la cesta de la compra, «de por sí la más cara de las islas», ha subido un 10 %.

Finalmente, ha mostrado su preocupación porque, en el ámbito turístico, la isla «quede en desventaja con el resto de destinos turísticos» y por los «problemas de suministro que se puedan generar».