La falsificación del certificado de vacunación o pasaporte covid puede suponer una pena de entre 6 meses y 3 años de prisión y los tribunales españoles equiparan la responsabilidad de su autor material con la de quien lo encarga.
El certificado de vacunación sigue siendo necesario en España para acceder a los establecimientos de Andalucía, Aragón, Canarias -para los turistas nacionales-, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Murcia, Navarra -hasta mañana lunes-, Ceuta y Melilla.
Otras regiones han dejado de exigirlo -Baleares ayer mismo, salvo al personal sanitario y sociosanitario- y en cuatro (Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura o Madrid) nunca se llegó a implantar.
Sin embargo, parece que su uso, al menos a nivel europeo, va a seguir vigente por algún tiempo, ya que la Comisión Europea ha propuesto recientemente extender la validez del mismo al menos hasta el 30 de junio de 2023, con lo que seguirá siendo un mecanismo de control al alcance de cada Gobierno en caso de nuevas oleadas.
La evolución de la pandemia sigue siendo positiva y los principales indicadores se mantienen a la baja, pero en Europa no se descarta que la propagación del virus siga activa en la segunda mitad de 2022, ni tampoco la aparición de nuevas variantes que puedan resultar más dañinas.
Por lo tanto, es previsible que este documento, que acredita que su titular se ha vacunado o se ha sometido recientemente a pruebas de detección, siga siendo requisito esencial para viajar y, en determinados caos, para acceder a lugares de ocio como restaurantes, teatros, cines o gimnasios.
«Pero en la misma medida en la que crece la exigencia de su uso, aumenta la oferta de certificados falsos, que son demandados por quienes buscan seguir con su ritmo de vida eludiendo la vacunación», explica a Efe el abogado Ignacio Castillo, del despacho Castillo Castrillón.
«Si hace unos meses se detectó un incremento en la falsificación de los resultados de pruebas PCR y test de antígenos, actualmente este negocio fraudulento se traslada a los certificados covid, que pueden costar entre 170 y 450 euros en el mercado ilícito», añade este penalista.
Precisamente, a finales del pasado enero la Policía Nacional desarticuló en Madrid y Barcelona una red integrada por siete miembros -entre ellos personal sanitario- que pudo facilitar pasaportes covid y resultados de PCR falsos a famosos y conocidos delincuentes de todo el territorio nacional y también en otros países de la Unión Europea.
Además del cantante Omar Montes, uno de los artistas más escuchados de España, según la plataforma Spotify, figuran como supuestos clientes de esta organización conocidos delincuentes aluniceros o condenados por narcotráfico.
«Las personas que quieren obtener un pasaporte covid fraudulento no son conscientes de que la reproducción ilegal de los mismos no es sencilla para su correcto funcionamiento, ya que al contar con un código QR para su validación, deben acceder al sistema de la Administración emisora», añade Castillo.
La manipulación del código QR supone, en la práctica, la alteración de un elemento esencial de un documento expedido por la Administración.
El ilícito penal en cuestión en el que incurriría tanto la persona que falsifica materialmente el documento como quien lo encarga está tipificado en el artículo 392 y 390.1 del Código Penal, y contempla penas que van de los 6 meses a los 3 años de prisión, con multas de diverso importe, de entre 6 y 12 meses de duración.
«Quienes tengan la tentación de adquirir un pasaporte covid falso han de conocer que no se trata de un certificado de escasa transcendencia en el tráfico jurídico, dadas las connotaciones que trae consigo la actual pandemia y la necesidad de tutelar y proteger el interés general por parte de las Administraciones», advierte Ignacio Castillo.
Por Jordi Ferrer (EFE)
