Foto: PyP
@Noudiari/ El grupo parlamentario de Proposta per les Illes (PI), ha registrado una Proposición No de Ley en la Comisión de Turismo; una moción en el Consell de Mallorca y presentará mociones en todos los ayuntamientos donde tenga representación, para que se establezcan unos criterios de reparto de los fondos recaudados por el impuesto turístico que «necesariamente» tengan en cuenta las propuestas de los ayuntamientos. La formación recuerda que esta petición ya se hizo durante la tramitación de la ley mediante una enmienda que el Pacto rechazó.
El PI inicia así su ofensiva en todas las instituciones para conseguir que el Govern haga un reparto «más justo de los fondos recaudados con el Impuesto Turístico que tenga en cuenta los ayuntamientos». El PI pretende que se modifiquen las reglas de funcionamiento de la Comisión del Impulso Sostenible para que las propuestas del Govern necesiten de un mínimo de consenso entre las partes para ser aprobadas y además, establecer unos criterios objetivos que obliguen a un cierto consenso en el reparto.
La iniciativa que el PI presentará en el Parlament de las Islas Baleares, en el Consell de Mallorca y en los ayuntamientos donde tiene representación propone que los criterios sean, o bien por zonas o por administraciones. «Si es por zonas al menos el 50% o un determinado porcentaje de los fondos recaudados deben dedicarse a la zona de donde provienen los recursos (en infraestructuras y equipamientos directamente vinculados y que dan servicio a estas zonas)».
Si es por administraciones, dicen desde el PI, «que al menos el 30% o un determinado porcentaje de los fondos recaudados por un municipio deban dedicarse a los proyectos presentados por los ayuntamientos», explica la iniciativa. El PI recuerda que «el Impuesto de Turismo Sostenible es finalista y debe ir destinado a la protección, preservación y recuperación del medio natural o la mejora de la calidad y la competitividad del sector turístico, donde el papel de los ayuntamientos es muy relevante».
La formación critica que en la primera convocatoria de reparto del fondo no se haya aceptado ninguno de los más de 100 proyectos presentados por los ayuntamientos de Baleares, «una manera de hacer perder tiempo y recursos a las administraciones que mejor conocen y gestionan las necesidades de la gente», han sentenciado.
Durante la tramitación del Proyecto de Ley, el PI ya presentó una enmienda que fue rechazada por los partidos del Pacto donde se reclamaban una criterios objetivos y mecanismos que obligasen a decidir entre las partes y no permitieran que los proyectos pudieran salir adelante sin necesidad de consenso y solo con la opinión del Govern, «que es exactamente lo que ha pasado en esta primera convocatoria», han concluido.
