@Noudiari/La Asociación de Comercio de Pimeef ha manifestado su apoyo al Decreto Ley de medidas urgentes en materia de grandes establecimientos comerciales, que incluye una disposición que suspende la concesión de licencias a grandes superficies comerciales durante seis meses.
En la pasada Comisión Interinsular Asesora de Comercio, la Asociación de Comercio de Pimeef manifestó su respaldo al Conseller de Comercio del Govern Balear, Iago Negueruela, ante el «inexplicable» recurso de inconstitucionalidad que ha interpuesto el Gobierno Central sobre cuatro artículos de la Ley de Comercio de Baleares.
Además de estas medidas cautelares que toma el Govern balear, la Asociación de Comercio de Pimeef exige y reclama una vez más al Consell d’Eivissa la elaboración de un Plan Director de Equipamientos Comerciales que defina el futuro del comercio en la isla de Eivissa, ofreciéndose a apoyar y trabajar conjuntamente con la institución en su confección para que se establezca un marco jurídico que permita reflejar el sector comercial que necesita la isla en el futuro.
Pimeef ha recordado que el recurso interpuesto desde el Gobiereno central señala que para catalogar un establecimiento como gran establecimiento comercial estos deben tener una superficie de exposición y venta de más de 750 metros cuadrados cuando la Ley de Comercio de Baleares, aprobada y consensuada por todos los sectores, patronales, sindicatos, consumidores y partidos políticos en noviembre del año pasado, diferencia esta medida según cada isla, definiendo como grandes superficies comerciales aquellas de más de 300 metros cuadrados en Formentera, más de 400 metros cuadrados en Menorca y Eivissa, y más de 700 metros cuadrados en Mallorca, considerando la casuística de cada una de las islas.
Por otro lado, el Gobierno central también recurre el artículo que marca la doble autorización que debe pasar un gran establecimiento comercial para obtener la licencia de actividad, es decir, la autorización autonómica previa que debe otorgar el Govern balear y la posterior otorgada por el municipio donde se ubique, pidiendo que solo sea una única autorización.
El Gobierno central también se opone en su recurso al plazo que marca la Ley de Comercio de Baleares que es de cuatro meses para responder con silencio administrativo negativo, considerando el recurso presentado por el Gobierno de Madrid que el plazo debe ser de tres meses y el silencio positivo.
Ante este recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno Central, la Conselleria de Comerç, con el respaldo de todos los sectores implicados, anunció que adoptaría las medidas necesarias para mantener el equilibrio comercial entre grandes y pequeños formatos comerciales que establece nuestra Ley de Comercio de Baleares.
Ante la inseguridad que se pudiera producir en el intervalo de tiempo en el que se resuelven los recursos interpuestos ante el Constitucional, el Govern señaló que se aprobarían medidas cautelares, que finalmente hoy han visto la luz.
