El Ayuntamiento de Sant Antoni, a través del departamento de Medio Ambiente, ha incoado 27 expedientes desde la instalación de las cámaras de vigilancia en cinco puntos de residuos del municipio, al amparo de la Ley 8/2019 de 19 de febrero de Residuos y suelos contaminados de las Illes Balears.
«En su inmensa mayoría, la calificación de las infracciones ha venido dada por el abandono de residuos fuera de los contenedores habilitados, tipificado este incumplimiento como infracción leve», indican.
Las sanciones que propone esta norma para este tipo de infracciones va desde los 300 a los 9.000 euros. El conjunto de las propuestas de sanción de los 27 expedientes se elevan a un total de 30.000 euros. La cantidad media de las sanciones de estos 27 casos es de mil euros por infracción.
De las infracciones que han dado pie a incoar estos expedientes, hay algunas que por el volumen depositado o el grado de intencionalidad, se han valorado en cerca de los 3.000 euros, mientras que en otras se ha aplicado la mínima sanción de 300 euros.
En concreto, las cámaras instaladas están ubicadas en los puntos de contenedores de la zona de los Bomberos, en la calle Garrovers de ses Païsses, en Can Guillamó, en el hipódromo de Sant Rafel y en es Taulell (carretera Sant Rafel – Forada).
La concejala de Medio Ambiente, Pepita Torres, ha recordado que “la función de estas cámaras es disuasorio y se está notando una mejora de forma significativa desde la instalación de las mismas”, por lo que el Ayuntamiento valora de forma “muy positiva” la evolución de los puntos instalados y espera que este número de sanciones disminuya gracias al buen uso de estas ubicaciones.
Con la instalación de las cámaras en el mes de septiembre, el departamento dispone de un recurso para, en caso de incumplimiento, identificar las matrículas de los vehículos para poder aplicar el correspondiente procedimiento sancionador que, en función de la tipología y gravedad de la infracción, la normativa contempla importes de hasta 1.750.000 euros en los casos muy graves. “El objetivo es combatir los vertidos incontrolados, especialmente de residuos voluminosos, en estos puntos negros, así como aumentar la calidad del servicio de recogida”, ha añadido Torres.
Perfecto ya era hora , ahora a cobrarlas.