EFE / El Ayuntamiento de Sant Josep pedirá al Consell de Eivissa la suspensión del planeamiento de Cala Vedella ante la «gravedad de los problemas urbanísticos» de la zona, derivados de un importante número de licencias concedidas entre los años 1997 y 2007, que investiga el Juzgado de Instrucción número 3 de Eivissa.
El alcalde, Josep Marí Ribas, lo ha anunciado esta mañana en una rueda de prensa, que ha ofrecido junto a la primera teniente de alcalde, Paquita Ribas, y el segundo teniente de alcalde y regidor de Urbanismo, Ángel Luís Guerrero, para aclarar aspectos de la situación urbanística de toda la zona, y en concreto, de la promoción Vedella 64, una de las licencias investigadas, que comercializa estudios-taller como viviendas residenciales.
Las licencias bajo investigación judicial se enmarcan en el conocido como ‘Caso Huerta’, que incluye 38 expedientes urbanísticos que afectan a un centenar de viviendas, más de 200 apartamentos, muchos de ellos vinculados a usos comerciales, y cerca de 300 estudios taller y locales en todo el municipio.
El alcalde ha destacado que con una suspensión de licencias se podría empezar a buscar soluciones a los problemas urbanísticos de una zona del municipio «que no tiene saneamiento público, ni depuradoras públicas», porque son privadas, y que carece también de zonas verdes, aparcamientos y alumbrado público.
Paradigma de lo que no se debe hacer
«Cala Vedella es el paradigma de todo aquello que no se tiene que hacer en urbanismo y ha llegado a una situación insostenible», ha agregado el concejal de Urbanismo, Ángel Luís Guerrero.
En cuanto al edificio de Vedella 64, el alcalde y el edil de Urbanismo han recordado que la obra tiene licencia y que aunque durante su construcción los promotores tuvieron que derrocar una parte que no cumplía con la misma, en las últimas inspecciones realizadas por los técnicos municipales han constatado que cumple con el permiso concedido.
Sobre la comercialización de estos estudios-taller como viviendas residenciales, Guerrero ha recordado que este tema ha sido denunciado por el Consell a la Fiscalía y a la Dirección general de Consumo por una presunta estafa, una denuncia que el Ayuntamiento apoya plenamente.
El alcalde ha defendido también la actuación de los técnicos y juristas municipales en este expediente y ha dicho que «trabajan con el máximo rigor y en defensa de los intereses municipales».
Aún así, Marí Ribas ha asegurado que no es el modelo de urbanismo que defiende el equipo de gobierno: «Este edificio no nos gusta nada, ojalá no se hubiera hecho, ni este ni otros de Cala Vedella, y ojalá no hubiera pasado nunca esta época negra», ha añadido el primer edil.
