El Ajuntament de Santa Eulària llevará al próximo Pleno la constitución de un derecho de superficie sobre el inmueble del número 6 de la calle Teniente Coronel Costa Ribas, un paso necesario para construir hasta 26 viviendas de precio limitado (VPL) destinadas al alquiler asequible. El Grupo Socialista, en cambio, pide que ese suelo público se destine a vivienda protegida y critica que se ceda a una empresa privada.
La aprobación permitirá sacar a concurso público la promoción, la finalización de las obras y la gestión de los pisos. El inmueble fue adquirido en septiembre de 2026 por 2,2 millones de euros, financiados en un 60 % por el Consell d’Eivissa a través del Plan Estratégico de Inversiones Municipales (PLA 5) y en un 40 % por el Consistorio. El solar, de unos 402 metros cuadrados, alberga un edificio inacabado, con un 50 % de ejecución.
Según las condiciones urbanísticas, podría albergar un máximo de 26 viviendas: el 40 % de una habitación, otro 40 % de dos y el 20 % restante de tres o más.
Como en la promoción de es Puig d’en Valls, el Ajuntament mantendría la propiedad del terreno y cedería su uso un máximo de 75 años a la empresa adjudicataria. Esta financiaría las obras y se encargaría de la conservación y la gestión de los pisos, que deberían destinarse a alquiler a precio limitado durante toda la vigencia del derecho. Al terminar el plazo, el edificio revertiría al patrimonio municipal.
El concurso valorará la calidad arquitectónica, la eficiencia energética y la posibilidad de ofrecer alquileres por debajo de los máximos fijados por la normativa autonómica. La adjudicataria deberá solicitar la licencia de obras en un máximo de tres meses desde la formalización del contrato y, en todo caso, antes del 4 de octubre de 2027. Las obras deberán acabar en tres años desde su inicio.
Esta actuación se sumaría a las 94 viviendas de alquiler limitado previstas en es Puig d’en Valls, con una inversión de 21,09 millones de euros. Entre ambas, el municipio contempla hasta 120 viviendas. Para acceder a ellas se exigirá una antigüedad mínima de diez años de empadronamiento en Santa Eulària (en los últimos 20), con prioridad para menores de 40 años y mayores de 65.
Ambas promociones forman parte de Santa Eulària Crea Futur, el programa municipal que incluye también ayudas al alquiler (más de 2,3 millones de euros desde 2020), subvenciones para la compra de primera vivienda (314.000 euros en seis años) y ayudas al retorno del talento joven (155.000 euros desde 2022).
La réplica del PSOE
El Grupo Municipal Socialista cuestiona el modelo y sostiene que el Ajuntament debería aprovechar sus competencias en suelo, urbanismo y promoción de vivienda protegida para impulsar una política pública más ambiciosa. Denuncia que los pliegos fijan un derecho de superficie de hasta 75 años con un canon anual de cero euros para el Consistorio, de modo que una empresa privada asuma la promoción, la construcción y la gestión.
Los socialistas señalan que las VPL pueden tener un precio hasta un 30 % superior al de las viviendas de protección oficial (HPO), y que su régimen general no incluye los mismos requisitos de acceso, como límites de ingresos o inscripción en el registro público de demandantes. Aunque los pliegos prevén que el Ajuntament apruebe los criterios de acceso y supervise el procedimiento, el PSOE sostiene que limitar el precio no garantiza por sí solo que una vivienda sea asequible.
El Grupo Socialista reclama priorizar la construcción de HPO, movilizar suelo municipal para promociones públicas y colaborar con el Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI). Defiende una estrategia integral que combine esas medidas con las herramientas legales para contener los alquileres, y recuerda que el PP ha rechazado en los últimos años propuestas socialistas sobre vivienda pública, contención de precios y la declaración de zona de mercado residencial tensionado. «La vivienda ha de ser un derecho y no una oportunidad de negocio», concluye.






