Santa Eulària recaudó en 2017 más de 400.000 euros en multas por expedientes de disciplina urbanística

 

@Noudiari / El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu abrió el año pasado más de 200 expedientes sancionadores de diferente tipo por cuestiones urbanísticas detectadas en el municipio. Además, el departamento de Infracciones ingresó 402.500 euros por sanciones impuestas por los expedientes sancionadores por infracción urbanística, además de otros 24.400 euros por multas coercitivas.

La actividad de vigilancia con los medios municipales propios (celadores de obras, policías locales, personal de medio ambiente y otros departamentos del Ayuntamiento) y las denuncias de particulares y otras administraciones permitieron en 2017 abrir 215 expedientes de disciplina urbanística de diferente tipo.

Entre estos expedientes, 95 de ellos fueron de los definidos como “de diligencias previas por infracción urbanística”, unos procedimientos administrativos que permiten a la Administración optar por la suspensión de las obras o de los usos de una instalación para garantizar la seguridad de las personas o para garantizar que no se realizan actuaciones no permitidas. Este año, a falta de un par de días para acabar agosto, la cifra ya se sitúa en 60 expedientes.

Los expedientes sancionadores por infracción urbanística son el otro gran grupo de expedientes gestionado por el departamento de Infracciones. En este caso se trata de procedimientos que pueden finalizar con sanción hacia los responsables de la actuación. De hecho, en 2017, se consiguieron recaudar unos 402.500 euros por las multas impuestas, fundamentalmente en aquel mismo ejercicio y al anterior, aunque también se acabaron cobrando sanciones por procedimientos iniciados en otros años y que han tenido una tramitación más dilatada por su complejidad, los recursos presentados por las partes, etc.

Un tercer grupo de expedientes es el de reposición de la realidad física alterada (derribos), que llegaron a los 38 el año pasado, mientras que los de restablecimiento de la legalidad urbanística infringida fueron 11. Este año, estas dos categorías han sido unificadas por la nueva Ley de Urbanismo 12/2017. Ligado a estos expedientes, el año pasado se recaudaron unos 24.400 euros por las denominadas ‘multas coercitivas’, es decir, por incumplimiento de la obligación de restituir la realidad física alterada cuando así se ha ordenado. Este año, de momento los ingresos por este concepto llegan a 7.850 euros.

Por último, desde Infracciones el 2017 se abrieron 21 expedientes de órdenes de ejecución (mandatos que realiza el Ayuntamiento a un tercero para que ejecute una mejora en la conservación o seguridad de un elemento), cifra que este año a se sitúa en 10 procedimientos.