EFE / Tres de cada cuatro mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en 2016 no habían denunciado, según un análisis realizado por el Poder Judicial sobre medio centenar de sentencias, que muestran un incremento de la edad media de las mujeres víctimas mortales (40 años frente a 32 años en 2015).
En concreto, el estudio ha sido realizado por el Grupo de Expertos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, presidido por Ángeles Carmona, con el análisis de 38 sentencias de crímenes por violencia de género, 10 de muertes por violencia doméstica y 5 de asesinatos de menores a manos de sus progenitores. Aunque los expertos constatan un aumento de las denuncias en 2016 respecto al año anterior, la cifra se sitúa en el 26% del total, señala.
«En el porcentaje del 74% de sentencias por feminicidio donde no constan denuncias previas, a buen seguro había malos tratos no denunciados y que fueron ocultados», indican los investigadores.
En este estudio se incluye por primera vez el análisis de nueve sentencias dictadas por asesinato de una mujer a manos de un varón con el que no mantenía una relación de afectividad o parentesco, en los que el género de la víctima era lo que la hacía vulnerable.
Agravante de género
Los expertos señalan que en el Pacto de Estado se recomienda aplicar la agravante de género en los casos que resulten probados los motivos machistas, «en los supuestos de feminicidio no íntimo, consiguientes a agresiones sexuales, crímenes durante el ejercicio de la prostitución y homicidios ocurridos en situaciones de robo con violencia».
Ante la dificultad de apreciar la motivación de género en estos casos se hace necesario «profundizar en los patrones de los hechos, las motivaciones y circunstancias concurrentes para poder ofrecer unos indicadores que permitan facilitar la apreciación de la agravante de género».
En el periodo analizado en el informe, ninguna de las víctimas era menor de edad y la más joven tenía 20 años; la edad media fue de 40 años.
El informe propone fomentar la mejora en la información a todos los agentes implicados en ayuntamientos, comunidades autónomas y organismos centrales para que las víctimas conozcan sus derechos y los recursos a su disposición, además de los canales de detección de riesgo en mujeres que acuden a centros sociales.
En los casos de violencia de género, los expertos alertan «del preocupante porcentaje de la entrega voluntaria del autor (un 40 por ciento), superior al registrado en las sentencias de años anteriores», a los que se aplicaría el beneficio penal de una atenuante prevista en el Código Penal, por lo que proponen valorar su supresión.
También aprecian «la nula o reducida influencia de las disfunciones mentales en los crímenes de violencia de género» e indica que en el análisis de esas sentencias el trastorno o afectación mental fue apreciado en apenas un 10 por ciento de los casos.
Según se recoge en las sentencias, ocho menores presenciaron el crimen de su madre y un total de 64 hijos (de ellos 38 menores de edad) debían recibir indemnización por responsabilidad civil.
«Son muchos los estudios que demuestran que haber sido testigo o víctima directa de las agresiones tiene consecuencias devastadoras para la salud psicológica de los menores», por lo que incide en la necesidad de fortalecer los servicios sociales y sanitarios para la detección temprana y para la mejor protección y atención de los menores.
Refuerzo de los programas de información
El Grupo de Expertos aboga por reforzar programas de información y sensibilización en los centros educativos y fortalecer el apoyo a personas mayores en situación de dependencia, pues cada año se registran asesinatos de mujeres mayores a cargo de sus parejas.
La mayor parte de los asesinatos de violencia de género que han dado lugar a las 37 sentencias condenatorias de las 38 analizadas, son motivados por una relación de dominio del agresor varón, bien habiendo ejercido malos tratos sobre la víctima mortal con anterioridad, bien porque no admite que la víctima desee dejar la relación y salir de su esfera de control.
En este sentido, los expertos alertan de una «especial agravación de los hechos, concretada en una mayor preparación de los mismos y en una mayor agresividad en su ejecución; la pena media privativa de libertad impuesta fue superior a 17 años».
En materia de violencia doméstica, en un 40 por ciento de los casos, los hechos fueron calificados como asesinato, con una pena media privativa de libertad ligeramente superior a 12 años. Cuando la víctima fue menor de edad, todos los casos fueron calificados como asesinato y la pena media impuesta fue de 20 años.
