Algo hacemos muy, pero que muy mal como sociedad, al permitir que los alumnos menores de edad, a partir de 3° de ESO, falten a clase con la excusa de que «hay huelga general», cuando la inmensa mayoría se lo toman a pitorreo como un día de fiesta más.
Me parece una vergüenza que se pervierta de una manera tan descarada un derecho individual y constitucional como es el derecho de Huelga. Usándose como un comodín «a la carta» para justificar saltarse las clases sin mayor repercusión. Y encima muchos, por no saber no saben ni lo que reivindican.
Aquí todos suspenden.
Las familias, por permitir y hasta justificar que sus hijos no vayan al instituto sin entender el sentido real de lo que están haciendo.
Los centros, porque muchas veces se lavan las manos ante una situación que saben perfectamente que no responde a un ejercicio legítimo del derecho a huelga, sino a una ausencia disfrazada.
La sociedad en general, porque hemos banalizado tanto los derechos y los deberes que ya nadie distingue entre uno y otro.
Y la administración, lamentablemente, tampoco aprueba.
Porque su papel debería ser el de garantizar que los derechos se ejerzan con sentido, responsabilidad y dentro del marco educativo. Pero lo que hace, demasiadas veces, es escudarse en un formalismo burocrático: “si cumplen los protocolos, pueden secundar la huelga”. Y ya está. Sin preguntarse si entienden realmente qué significa hacer huelga, si hay una causa legítima que los afecte directamente, o si lo que en realidad se está fomentando es la picaresca y la desafección hacia la escuela.
Además, hay una enorme falta de coherencia:
Si el derecho a huelga se reconoce como tal, debería venir acompañado de responsabilidad y justificación razonada, no de una carta blanca para faltar.
Si no hay un motivo educativo o social claro detrás, la administración debería intervenir —no castigando, sino educando en ciudadanía— y ayudando a los centros a convertir ese día en una oportunidad para reflexionar sobre lo que significa el derecho a huelga y sobre el valor de la participación social.
Pero esto último requeriría implicación, valentía y una visión pedagógica de fondo.Y, por desgracia, muchas veces la administración opta por el camino fácil: no complicarse la vida.
En definitiva, hemos de reivindicar y volver a poner en valor, que el derecho a huelga es una herramienta de lucha seria, nacida del esfuerzo de generaciones que pelearon por condiciones laborales y sociales más justas. Convertirlo en un “día libre” vacía de sentido todo aquello por lo que se luchó. Y si los alumnos no saben ni qué se reivindica ni por qué, no están ejerciendo un derecho: están participando de una irresponsabilidad colectiva.
Y, mientras tanto, el mensaje que se les transmite es demoledor: que las normas se pueden doblar si hay una excusa conveniente, que la educación es prescindible, que el compromiso no importa.
Así que sí. Aquí suspendemos todos. Las familias, por permisividad y/o complicidad; los alumnos, por desinterés; y el sistema, por mirar hacia otro lado. Porque cuando una sociedad confunde los derechos con privilegios, y olvida los deberes que los acompañan, acaba suspendiendo también en valores.
José Antonio Iniesta Navarro
Licenciado en Física
Profesor de Matemáticas del IES Sa Colomina de Eivissa
