Cualquier trabajador debe estar preparado para recibir críticas (buenas o malas) por el desempeño de su labor. En caso de tener uno o más jefes, vendrán acompañadas de las oportunas medidas empresariales que correspondan (sanciones, incentivos, ascensos, etc.). Si trabaja cara al público habrá un aumento de presión porque no podemos obviar el famoso “el cliente siempre tiene la razón”, y si sumamos la etiqueta de funcionario da la impresión de que cualquier calificativo es admisible.
Como trabajadores de Correos debemos hacer una profunda reflexión ante el incremento en los últimos tiempos, de una sensación entre nuestros clientes de que el servicio está empeorando. A título individual, todos nosotros debemos esmerarnos en ser más eficaces día a día y en cuidar nuestro trato tras el mostrador y en el reparto. Pero nuestra exigencia debe venir acompañada de medidas directivas que nos apoyen y nos permitan realizar nuestro cometido en condiciones favorables.
¿Qué ocurrirá si en una cafetería que tenga cuatro trabajadores para atender una terraza, prescindimos de dos de ellos y seguimos con el mismo número de mesas o de clientes? El servicio empeora, así de simple. Pues a grandes rasgos, esto es lo que está ocurriendo en el servicio postal pero con una diferencia notable: lo que ocurra en la cafetería obedecerá a criterios empresariales privados mientras que Correos es una empresa pública cuyo motivación es brindar bienes y servicio de primera necesidad a la población. Y esto no significa que tenga que trabajar a pérdida. Se debe buscar la rentabilidad pero no si es a costa de incumplir el objetivo principal.
Si las bajas y las vacaciones no son cubiertas, el volumen de trabajo se reparte entre el resto de trabajadores. Si las rutas se amplían sin un estudio preciso del tiempo que se necesita para realizarlas, nos encontramos con numerosos retrasos y, en el peor de los casos, con que no se ha podido llegar al destino y las entregas quedan pendientes. Si se elimina servicio de cartería rural vemos que gran parte de la población queda desamparada y obligada a desplazarse a su oficina asignada o en determinados casos, a puntos de entrega colectivo donde la privacidad de su envío queda comprometida. Esto último ocurre por ejemplo en áreas residenciales privadas de gran extensión donde por la falta de tiempo se entrega todo en la caseta de seguridad del recinto.
A esto hay que añadir la política continuada de destrucción de puestos. Por un lado con las bolsas de trabajo temporal que han supuesto la exclusión de miles de trabajadores/as que conocen bien el oficio pero que se quedan fuera con la excusa de la renovación de la plantilla. Por otro lado han disminuido el número de plazas totales de dichas bolsas, aumentando los puestos de trabajo a tiempo parcial y por días.
Todo esto obedece a la estrategia que se viene desarrollando desde hace algunos años a cargo de los anteriores presidentes de Correos y que tiene su máximo exponente en el actual, Juan Manuel Serrano Quintana. En el año 2012 Correos entró a formar parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) cuyo objetivo es conseguir el mayor beneficio de sus acciones. Está claro que no se corresponde con el principio que debe seguirse en un servicio público, que supedita el interés económico al social.
Los mandatarios de Correos han observado el negocio que supone el mundo de la paquetería con volúmenes crecientes de distribución de artículos. Para competir en este sector, Correos ha de dar el paso definitivo que consiste en privatizar el servicio, algo que se supone sumamente impopular. Es por ello que ha de ir preparando el terreno, por así decir, propiciando el empeoramiento del servicio con los citados recortes; asimismo, la inseguridad laboral que se cierne sobre gran parte de la plantilla debido a la eventualidad, sumada a la enorme carga creciente de trabajo, fomentan actitudes negativas ante los usuarios.
Y el más sutil de los pormenores de esta estrategia es el de conseguir que nos quejemos. Somos conscientes de que en un periodo tan dramático para la mayoría de familias, con tantos afectados sanitaria y económicamente, escuchar que un colectivo que tiene trabajo se queja por las condiciones del mismo, nos puede acarrear antipatías. Pero cuando, por ejemplo, la presión para cubrir una ruta determinada que es materialmente imposible de abarcar, da como resultado numerosos accidentes de tráfico, algunos de ellos con un fatal desenlace no podemos quedarnos callados. No es demostrable pero sabemos por donde empieza el problema.
No queremos ni debemos justificar los errores; tenemos que aprender de ellos y tratar de mejorar. Pero si pretendemos que los usuarios sean conocedores de una realidad que hasta ahora ha sido camuflada. Estamos ante el intento de privatización de una de las pocas empresas públicas que quedan en España, que históricamente ha dado resultados positivos y que sólo desde 2016 ha dado pérdidas, coincidiendo con el recorte de asignación presupuestaria. Es una planificación organizada por el gobierno y secundada por la dirección de empresa y como trabajadores afectados pero también como ciudadanos, debemos transmitir esta situación que beneficiará a unos pocos en contra del bien común.
Por Luisa Costa
