El Govern se pasa de frenada con las multas Covid, por Joan Miquel Perpinyà

Al Govern balear parece habérsele ido la mano con las sanciones económicas que está imponiendo a los asistentes a distintos saraos durante el verano del año pasado. Multas de 60.000 euros para las 114 personas que fueron identificadas en una fiesta multitudinaria que se celebró en un chalet de la lujosa urbanización Son Vida en Palma, en agosto de 2021, en plena alerta sanitaria por la Covid-19.

También 60.000 euros para cada uno de los asistentes a un botellón de más de 200 personas, sin respetar la distancia de seguridad, sin hacer uso de la mascarilla, fumando, bebiendo y cantando, sin cumplir la normativa vigente en la playa Cavall d’en Borràs (Formentera), que al parecer tuvo lugar a finales de julio de 2021.

Sin restar gravedad a los hechos supuestamente protagonizados por los denunciados, es de vital importancia que la sanción que la Administración competente imponga sea proporcionada, algo que a todas luces no ocurre en los casos citados, porque 60.000 euros es una cantidad disparatada, fuera del alcance de la práctica generalidad de ciudadanos, que no ganan tanto dinero ni en dos años de trabajo.

Estas multas suponen la ruina económica más absoluta, por lo que pierden totalmente su finalidad reeducadora. La inmensa mayoría de los sancionados no la podrá pagar y quedará endeudado para siempre. ¿Tiene algún sentido?

Estas cuantías podrían entenderse en caso de reincidencia o, por ejemplo, para los organizadores de los saraos, si es que se demuestra que hubo lucro, como parece ser que hubo en el caso del chalet de Son Vida. Pero es absolutamente desproporcionado imponer 60.000 euros de multa a los asistentes, cuando imponiendo 3.000 euros a cada uno, ya podríamos considerarlo un multazo de tomo y lomo, severísimo y ejemplarizante.

Se entiende perfectamente, por tanto, que los padres de una sancionada, que además defiende su inocencia y que no participó en el botellón, califique la sanción de “atrocidad, injusta y desproporcionada”. Lo es.

La consellera de Presidència del Govern sostiene que, dado que la infracción se considera “grave”, la multa mínima es de 60.000 euros. “Menos no se puede”, afirma Garrido. Es posible que, con la Ley en la mano, sea así. Pero no es menos cierto que excederse en el castigo muchas veces resulta contraproducente. Y 60.000 euros es un exceso que, además, es fácil que aprecie cualquier juez cuando revise la actuación de la Administración, como seguro sucederá porque los afectados recurrirán la sanción en los tribunales.

De modo que lo ideal sería que el Govern ajuste a la lógica lo que es, a todas luces, pasarse de frenada.

Joan Miquel Perpinyà