El desalojo del asentamiento de Can Rova es una manifestación palpable de la crisis habitacional que afecta a la isla. Este episodio dramático, que ha dejado a decenas de familias sin hogar, pone de relieve la gravedad del problema y la necesidad de que todas las Administraciones trabajen conjuntamente para resolverlo. Las 300 familias, incluyendo a 45 menores, que vivían en condiciones de extrema precariedad, en caravanas y tiendas de campaña, no eligieron esas condiciones de vida. Se vieron forzadas a aceptarlas ante la imposibilidad de acceder a una vivienda asequible en un mercado inmobiliario saturado y orientado principalmente al turismo y al ‘alto standing’.
Los testimonios desesperados y entre llantos de los desalojados, avergüenzan e indignan a partes iguales. En la isla donde muchos turistas disfrutan de sus lujosas vacaciones, los residentes locales, aquellos que les sirven sus comidas, limpian sus habitaciones y los yates con que salen a navegar, se ven obligados a sobrevivir en condiciones indignas.
Este desalojo no solo es una tragedia para las familias afectadas, sino también un indicador del fracaso de las políticas de vivienda y urbanismo. La crisis habitacional en Ibiza no es un fenómeno reciente; lleva años gestándose ante la indolencia y la incapacidad de las autoridades de poner remedio a una situación que ya es insostenible. La desbocada demanda turística ha inflado los precios de los inmuebles, haciendo casi imposible que los residentes de la isla puedan permitirse un hogar. Y la falta de viviendas sociales y de políticas efectivas para actuar sobre el mercado inmobiliario durante las dos legislaturas de Govern de izquierdas, presidido por Francina Armengol, ha exacerbado la situación.
La respuesta de las autoridades ante el desalojo de Can Rova ha sido insuficiente y tardía. En lugar de ofrecer soluciones a largo plazo, se han centrado en medidas paliativas que no abordan la raíz del problema. El chabolismo es ya una realidad fatal e innegable en Ibiza, que sólo se podrá combatir a través de políticas integrales que incluyan la construcción masiva de viviendas sociales, la regulación del mercado de alquiler para ofrecer mayores garantías a propietarios y la protección de los derechos de los inquilinos. Y, por encima de todo, es preciso priorizar las necesidades de los residentes locales por encima de los intereses turísticos.
No podemos permitir que más familias se vean forzadas a vivir en la calle mientras que los recursos se destinan a fomentar un turismo masivo y descontrolado. Es momento de repensar nuestras prioridades y garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a una vivienda digna. La crisis habitacional es un problema complejo, pero su solución es imprescindible para construir una sociedad más decente, justa y equitativa. O lo hacemos entre todos, o habrá más Can Rova en breve.
Joan Miquel Perpinyà
