Tristísima la historia publicada en Noudiari por Laura Ferrer, sobre José Juan, un ibicenco residente en Mallorca que lleva años soñando con regresar a su tierra y, tras quedar número uno en una oposición de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Santa Eulària, ha tenido que renunciar a la plaza por no encontrar vivienda a precio razonable. Según el afectado, volver a Ibiza supondría para él unos gastos mucho más elevados que los 1.500 euros mensuales que percibiría en el nuevo trabajo.
El caso de José es sólo un ejemplo más de tantos otros que hemos ido conociendo estos últimos años y que demuestran hasta qué extremo los salarios sufren un desequilibrio brutal en relación al coste real de la vida en Ibiza. La mejor radiografía de esta angustiosa realidad nos la ha presentado estos días Cáritas, a través del ‘Informe sobre exclusión y desarrollo social en la isla de Eivissa’, elaborado por la Fundación Foessa. En él se revelan datos tan preocupantes como que el 20% de la población ibicenca, es decir, uno de cada cinco residentes, se encuentra en situación de exclusión social.
Según este estudio, 33.000 personas de la isla habitan viviendas inseguras, inadecuadas o insalubres, y muchas de ellas lo hacen en situación de hacinamiento. Esta coyuntura, radicalmente distinta a lo que ocurría en la isla hace una década, también genera graves problemas de convivencia, que no se producirían si no existiese esta necesidad de que demasiadas personas se vean obligadas a convivir en un único hogar.
Aunque afecta al citado 20%, el peligro de exclusión social alcanza al 40% de la población, principalmente por la crisis de la vivienda. Más cifras: el 12,6% de las familias hacen un sobreesfuerzo para pagarse la casa, comprometiendo otras necesidades básicas (alimentación, calefacción, educación, salud…); el 5,2% de la población no tiene agua corriente, electricidad, baño, cocina, lavadora o frigorífico, y el 6,3% de los hogares de la isla se encuentran en una situación de pobreza severa.
Este panorama nefasto que se vive en la isla del lujo no sólo se traduce en penuria económica para aquellos que la padecen, sino en graves problemas de salud, que al mismo tiempo contribuyen a saturar aún más los servicios sanitarios. Más de la mitad de las personas en exclusión severa tienen afectada su salud y la incidencia de enfermedades mentales alcanza al 21% entre estas personas, mientras que sólo afecta al 6% en el caso de la población integrada.
La Asociación Pitiusa de Ayuda a los Afectados por el Cáncer (Apaac) incluso ha denunciado que hay pacientes que renuncian a pagar los medicamentos y los materiales necesarios para tratarse el cáncer. Es decir, que ponen en peligro su vida para que sus hijos sigan teniendo un techo bajo el que vivir.
Este clima económico irrespirable y nocivo constituye el mejor caldo de cultivo para que prolifere un ecosistema inmobiliario plagado de estafadores, aprovechados y delincuentes. Los timos, los precios abusivos y las condiciones inhumanas llegan a ser incluso surrealistas. Hay inquilinos de pisos compartidos que, a pesar de abonar un dineral por una habitación o incluso una cama compartida, sólo pueden utilizar la ducha dos veces por semana. Muchos propietarios se niegan a alquilar sus viviendas a personas con hijos o mascotas, y los hay que incluso exigen seis meses y hasta un año por adelantado.
Cáritas ha sentenciado, con estas cifras en la mano, que tener trabajo ya no asegura salir de la pobreza ni estar protegido frente a la exclusión social, y que estamos hipotecando el futuro de uno de cada tres niños y niñas. En paralelo, hemos sabido que en Ibiza más del 80% de las compras de vivienda las realizan inversores no residentes.
Esta situación dantesca provoca que el 30% de los residentes en Ibiza se planteen irse de la isla, tal y como recoge el informe ‘Reimaginemos Ibiza’. Y aunque el Consell Insular asegure que ha eliminado 15.000 plazas de alquiler turístico ilegal, al desaparecer sus anuncios de plataformas como Airbnb o Booking, entre otras, el informe de la Fundación Foessa también determina que este mercado sigue acaparando demasiadas viviendas que deberían de estar a disposición de los residentes.
550 millones de euros
En este sentido, cabe acudir a las cifras más recientes del Instituto Nacional de Estadística, a través de las estadísticas de Frontur (movimientos turísticos en frontera) y Egatur (gasto). Éstas señalan que el gasto realizado en las Pitiüses por los turistas alojados fuera del mercado (viviendas turísticas ilegales y casas de familiares y amigos residentes), ha crecido un 3,5%, hasta alcanzar los 550 millones de euros, y que fuera de esta oferta regulada han pernoctado casi medio millón de personas (478.159), lo que supone un crecimiento en más de 15.000 viajeros (3,38%). Por tanto, la afirmación que ha hecho el Consell Insular d’Eivissa de que el 85% del mercado ilegal ha desaparecido, se antoja excesivamente optimista, por no emplear palabras más gruesas
El informe Foessa concluye algo que ya sabemos todos los ibicencos: la vivienda tiene que convertirse en el pilar del estado de bienestar y en la principal prioridad de las administraciones. Sin embargo, a la vista de las insuficientes políticas y los nulos resultados, caminamos hacia atrás como los cangrejos.
Ahora que el tribunal constitucional ha avalado la ley estatal que permitiría declarar a Balears zona tensionada e intervenir el mercado, pudiendo frenar los precios del alquiler, ya no hay excusa. En Barcelona, por ejemplo, se han regulado los precios del alquiler, consiguiendo una rebaja significativa. Y hasta Donald Trump, entre bombardeo y amenaza, ha dicho que prohibirá a los grandes inversores adquirir viviendas unifamiliares en los Estados Unidos, quitando de la ecuación a bancos y fondos de inversión, con el objetivo de frenar la subida de precios.
Por parte de las administraciones locales, insulares y autonómicas, se requieren medidas mucho más contundentes y expeditivas que las empleadas hasta la fecha, y además hacen falta ya. ¿A qué están esperando?
