Todos estaremos de acuerdo en que las instituciones deben actuar con contundencia para acabar con las fiestas ilegales en villas y chalets, una actividad que en Ibiza ha proliferado durante los últimos años. Se trata de un lucrativo negocio desarrollado al margen de la ley y de todo control administrativo, que hasta hace algún tiempo operaba con notable impunidad. Con la llegada a la presidencia del Consell d’Eivissa de Vicent Marí (PP), en 2019, y tras la creación del departamento de Lucha contra el intrusismo, dependiente del vicepresidente primero de la institución, Mariano Juan, la situación comenzó a cambiar.
Tras tres años consecutivos recurriendo a un servicio de detectives, que han sido capaces de infiltrarse en un total de 32 fiestas ilegales celebradas este verano, la Administración insular manda un mensaje muy claro de tolerancia cero a quienes organizan, comercializan y colaboran de cualquier forma en estos saraos clandestinos. Las sanciones deben ser igualmente duras y contundentes, disuasivas por sí mismas, aunque no sea fácil.
Como se ve, las cosas ya no son como antes, aunque nunca faltarán desaprensivos que sigan con la actividad ilegal, mientras tengan potenciales clientes y ganen dinero infringiendo la ley. Pero los detectives infiltrados en las fiestas se han revelado como una herramienta eficaz y valiosa para combatir este fenómeno tan indeseable, pernicioso y molesto.
Sólo pondría una objeción: preferiría que, en lugar de recurrir a investigadores privados, la Administración contara con funcionarios públicos, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o inspectores, con consideración de agentes de la autoridad, para llevar a cabo esa vigilancia y control de las actividades ilegales. Sería lo más idóneo, pero mejor los detectives que nada. Los tiempos de mirar para otro lado, afortunadamente, ya pasaron.
