@Noudiari/ Durante lo que llevamos de temporada, hemos sido testigos de cómo en materia de seguridad pública, queda mucho camino por hacer. Lo más reciente y que de forma directa afecta a todos los visitantes y residentes de nuestra isla, fue la sentencia fallada por el Tribunal Superior de Justicia, en contra del Ajuntament d’Eivissa, por el que se declaraba nula la resolución del bolsín de agentes interinos del pasado año 2015.
Lo más trascendental no era el fallo de la resolución, sino la fundamentación jurídica esgrimida por el alto tribunal, que entre otras venía a declarar que según la legislación vigente el carácter de agente de la autoridad debía ser ejercido por personal funcionario de carrera.
Esto, que ha pasado casi inadvertido por la mayoría de los ciudadanos, supuso para el Govern de les Illes Balears un grave problema, añadido a la cuestión del deficitario sistema de acceso a los cuerpos de Policía Local, en el que se estaban formando agentes que, en el mejor de los casos, podrían aspirar a funcionarios interinos.
Para la mayoría de corporaciones locales de nuestra isla, como nos tienen acostumbrados, no se ha obtenido respuesta sobre las medidas a llevar a cabo, y eso que afecta de forma directa a un gran número de agentes que se encuentran en servicio activo, entendiendo que podrían esgrimir estar a la espera de las modificaciones legislativas en materia de acceso y consolidación de policías locales.
Con todo este embrollo interadministrativo parecería increíble que alguna administración ponga trabas al refuerzo y ampliación de un cuerpo de seguridad, y nuevamente nos sorprenden cuando según anunciaban distintos medios de comunicación hace unos meses, se recurría un proceso selectivo de agentes de la Policía Local de Formentera.
El argumento que publicaban estos medios, era que con los refuerzos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las policías de otros países era suficiente para asegurar la pacífica convivencia de las personas que pasen por Formentera.
Ante ello analizamos algunos datos que deberían tenerse en cuenta, antes de adoptar estas medidas que se fundamentan en la ya más que erosionada argumentación del déficit público: Analizando la evolución de la tasa de delincuencia de las Pitiusas, observamos que, en relación a la isla de Formentera se mantiene más o menos estable y en Ibiza si es cierto que ha venido sufriendo un descenso evidente, pero lo realmente sorprendente son las cifras en las que nos encontramos.
La tasa media en España (2011-2015) se situaba en torno a un 44 por mil habitantes1 de Eivissa. Aunque, como bien anunciaba el propio Ministerio de Interior en octubre del año pasado, España se situaba como uno de los países más seguros de la Unión Europea, remarcando que era el tercer país con la tasa de delincuencia más baja.
Buenas noticias, sin duda, pero lo que faltaba por recordar es que casi el 48 % de las infracciones delictivas no se denuncian, o que en los balances de la delincuencia no están todas las infracciones penales, es más, si analizamos balances anteriores vemos divergencias en cuanto a la tipología delictiva publicada.
Frente a un 64 por mil en Formentera o un más que llamativo 107 por mil en isla. Sin desviarnos del tema en cuestión, los datos pitiusos de delincuencia hacen situarnos en cifras superiores a la media europea (aprox. del 60 por mil), situando por ejemplo, a la mayor de las islas, en los primeros puestos de las tasas de delincuencia europea.
Esta es solo una de las razones por las que la seguridad en nuestras islas debe reforzarse, el que una isla como Formentera cuente únicamente con 10 policías locales (18 si la plantilla estuviese al completo) para cubrir los diferentes turnos, parece de ciencia ficción, más aún teniendo en cuenta los datos de visitantes que se han venido incrementando año tras año.
En cuanto a los ratios sobre policías por habitantes, tampoco se cumple lo marcado por la normativa y resto de recomendaciones de distintas instituciones. Así, si nos fijamos en los ratios marcados por el Decreto 28/2015, reglamento de desarrollo de la Ley de coordinación de policías locales de les Illes Balears (Ley 4/2013), establece que los municipios de hasta 20.000 habitantes deberán tener 1,7 agentes por cada mil habitantes.
Siendo el caso de Formentera, con una población residente de casi 12.000 habitantes (INE, 2015), corresponderían 20 agentes de policía local, pero la diferencia aún es mayor si tenemos como referencia las recomendaciones de la ONU, que marcan como óptimos un ratio de 300 policías por cada 100.000 habitantes, analizando la fracción para la isla de Formentera deberíamos tener 35 policías (siendo éste el total de funcionarios de las diferentes administraciones, Guardia Civil incluido).
A la vista de la oferta de nuevas y posibles convocatorias, en diferentes municipios de nuestra isla, parece evidente que pueda seguirse la misma línea que la sostenida por el Estado. Además, dificultar que los cuerpos locales de seguridad pública vean reforzadas sus plantillas, no hace más que dificultar la capacidad de las administraciones locales en la defensa y protección de la Seguridad Pública.
Lo que se vería reforzado con medidas como la incorporación a las administraciones de personal técnico especializado en el estudio de las conductas delictivas y/o desviadas, su interpretación, análisis y sistemas de prevención… lo que se conoce como Criminólogo.
