La conocida Clínica Mayo, de Rochester, Jacksonville y Minessota, va a abrir una sucursal en breve en Madrid. El grupo hospitalario IDC-Salud-Quirón-USP, controlado por el fondo de inversiones CVC, ultima la compra de Clínica Ruber y Hospital Internacional, por 240 millones de euros.
A cualquier profano esta noticia le parecería un avance en materia sanitaria de nuestro país. Sin embargo, los entendidos en el tema vislumbran un trasfondo que viene preparándose paulatinamente a espaldas de la voluntad de la ciudadanía, la privatización del sector sanitario. De qué otro modo podrían entenderse tantas inversiones millonarias.
El modelo que nos implanta el PP en las instituciones es el de progresiva privatización. Tal ha sido el caso de la residencia sociosanitaria de Sant Antoni de Portmany, o el de la anhelada radioterapia. Hemos escuchado hablar y leído sus palabras en la prensa en varias ocasiones a diversos políticos de nuestro gobierno autonómico esgrimir el argumento de que la radioterapia en Ibiza se instala por razones más humanitarias que económicas. Pero, ¿ustedes conocen alguna empresa que se monte de un modo altruista y que en sus objetivos no esté ganar dinero?
Si seguimos este razonamiento, llegaremos a la conclusión de que el servicio, para ser rentable económicamente para el adjudicatario de la concesión, necesariamente habrá de reducir costes, tanto en personal como en tratamientos, y, por ende, a una disminución acusada de la calidad asistencial. Siempre hemos gozado de una sanidad 100% pública y nuestro país se encontraba en el ranquin número 7 del mundo hasta el ano pasado. Con los recortes sanitarios y las privatizaciones, encubiertas o no, hemos caído al puesto 16 este año, pero esta caída seguirá libre a menos que los ciudadanos lo atajen, con su voto en las urnas.
El argumento que nos han ofrecido nuestros gobernantes era la precariedad económica, la crisis, la falta de ingresos, “lo caro” de la sanidad pública. Pero las cuentas no nos salen, porque si añadiéramos los 48.000 millones de € que cuesta la corrupción cada año en España, los 70.000 millones del fraude fiscal, los 16.000 millones de la duplicidad de administraciones, y una cifra aún sin cuantificar por la ineficacia de la comunicación de los 17 sistemas sanitarios autonómicos funcionando en nuestro país, que conlleva repetición de procedimientos diagnósticos y terapéuticos en quienes se trasladan de una comunidad a otra, generalmente por razones de precariedad laboral en la de origen, o la ineficacia de carecer de compras centralizadas, no harían falta ni recortes ni habría excusas para privatizar y seguir dando a los ciudadanos una sanidad de calidad, una atención en donde lo que prima es el conocimiento científico al respecto y el bienestar del paciente, en lugar de la obtención de beneficios.
El otro argumento que cabe defender es el de la unidad del sistema sanitario, pues acabaría con las diferencias presupuestarias de los actuales, que oscilan entre 1100 € por habitante (Baleares) y 1600 (País Vasco), otorgando una calidad asistencial similar en todo el país, ofreciendo las mismas coberturas sanitarias (la cirugía transexual está incluida en algunas comunidades y otras no, el programa de cribado de cáncer de colon que se acaba de poner en marcha en Ibiza, Menorca y una parte de Mallorca solamente, se lleva a cabo hace años en la comunidad valenciana, algunos productos farmacéuticos están financiados en Andalucía en tanto no lo están en el resto, y un sinfín de diferencias más), creando una central de compras que abarataría sin duda la instalación de equipos y consumibles, un único sistema sanitario que propiciaría también una mayor y mejor movilidad del personal, y, sobre todo, que atendería en condiciones de igualdad y equidad a todos los ciudadanos en cualquier punto del país.
José Segador Parra
Candidato por UPyD al Parlament
