@Noudiari/ El DNI, asociado al nombre y apellidos de su propietario, junto a la nacionalidad y el municipio de residencia. Todos ellos, combinados, datos de carácter personal de ciudadanos de Vila que el Ayuntamiento de Eivissa está mostrando a cualquier persona en Internet por un nuevo fallo en su servicio de expedición de certificados de residencia. Un servicio del que, hasta hoy, la única sorpresa que podía deparar a los residentes era que funcionara correctamente, pues las quejas sobre los días y semanas completas en las que ha sido imposible usarlo son ya tradición en Vila.
Imagen del certificado de residencia que muestra los datos privados de un vecino de Vila.
Al menos son cinco las personas de las que noudiari.es ha podido consultar toda su filiación completa con una simple búsqueda en Google. Algunos de estos documentos llevan impresa la firma de la actual alcaldesa de Vila, Pilar Marí, en el cargo desde el mes de junio de 2013.
Sanciones millonarias a empresas y entidades La Agencia de Protección de Datos Española estableció ya en 2008 que el DNI de cualquier ciudadano es un dato sujeto a la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal. En los certificados, no sólo se incluye el DNI, sino que se acompaña de una ristra de información que facilita aún más la identificación del ciudadano. Precisamente, la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal tiene como finalidad evitar que los datos privados de los españoles puedan circular sin ningún tipo de control. En resumen, evitar situaciones actuales como la de Vila, donde deja a los ojos de cualquiera esta información. J. M. LL., A. G. R., I. B. C., J. R. S. o M. A. I. M., entre otros, parece que no cuentan a día hoy con esta garantía cubierta al mostrarse toda su información en la página del Ayuntamiento, accediendo simplemente desde una búsqueda en Google.
El pésimo funcionamiento de este servicio ha suscitado las quejas de muchos ciudadanos de Vila.
La Agencia Española de Protección de Datos se ha revelado en los dos últimos años como uno de los organismos de la Administración con mayor voracidad sancionadora. Y las multas de este organismo son de las que duelen. El pasado 19 de diciembre se conoció su última decisión sonada: multar con 900.000 euros al buscador Google. También en 2013 sancionó a Vodafone por filtrar el DNI, e-mail y profesión de 200 clientes. Gas Natural (300.000 euros), Orange (100.000 euros), el PSOE de Andalucía, el Servicio de Empleo de la Comunidad de Madrid y hasta el sindicato de funcionarios CSI-F han tenido que vérselas con las actuaciones de esta Agencia por motivo de revelación de datos de carácter personal.
Un servicio de escopeta de feria Las quejas sobre el funcionamiento del servicio municipal de Vila de expedición de certificados en internet no son nuevas, aunque no se habían producido antes por este motivo. Desde su puesta en marcha en 2010, y pese al cambio de equipo de gobierno, sigue sin arreglarse y ha dejado de ser una opción válida para los cientos de estudiantes que residen fuera del municipio a la hora de sacar sus billetes de avión para volver a la isla. La misma situación que sufren pacientes que precisan de tratamiento fuera de Eivissa o cualquier otro residente en Vila que se encuentre en la Península.
Imagen de un cajero de La Caixa, donde se ofrece el servicio de expedición de certificados de residencia a todos los ciudadanos de Balears, excepto a los de Eivissa.
Sin el certificado, que las aerolíneas vuelven a exigir en la puerta de embarque, ningún ibicenco puede hacer uso de su descuento del 50% en los costes del pasaje. Y si no funciona el servicio municipal de expedición de certificados por internet, los residentes desplazados no tienen manera de hacer uso de su derecho al descuento en los viajes, ya que los cajeros de La Caixa han dejado de proporcionar residentes no sólo de Vila sino de cualquier municipio ibicenco. No obstante, sí ofrecen este servicio a los residentes en Mallorca, Menorca y Formentera. Al menos, los ibicencos que sí residen en Vila puede seguir solicitándolo de forma presencial en las dependencias municipales. En este caso, cuesta un euro, pero eso sí, minimiza el riesgo de que el Ayuntamiento de Vila vuelque sus datos personales a los ojos de todo el mundo.
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Lo penoso es que cuando llegue la sanción la pagaremos todos los » vileros» y no los políticos incompetentes.
Bueno, seguro que alguien se responsabiliza y dimite.