Sant Antoni admite que pagará 315.000 euros por recuperar Can Coix

@D.V./ Recuperar la gestión del polideportivo de Can Coix le costará al Ayuntamiento de Sant Antoni 315.000 euros y no los 190.000 que dijo en su momento la alcaldesa, Pepita Gutiérrez. Los datos los ha facilitado el regidor de Deportes, José González, durante el pleno extraordinario que se ha celebrado este lunes por la mañana para debatir la gestión realizada sobre Can Coix.

Los 315.000 euros que pagará el Ayuntamiento se desglosan de la siguiente manera: 146.000 por cuotas devengadas a la Seguridad Social durante el año 2013 y enero de 2014; 49.000 euros por retenciones del IRPF de los trabajadores; 53.000 euros por el pasivo contingente de la indemnización por el despido de los trabajadores; 35.000 euros por las nóminas pendientes de pagar a los trabajadores; y 32.000 euros en concepto de los abonos que pagaron los usuarios del polideportivo por los meses en los que ha permanecido cerrado.

A pesar del enorme coste económico que esto supone, que el polideportivo todavía no se ha podido abrir para los usuarios -sólo funciona para los clubes deportivos- y que tampoco se ha podido contratar a las trabajadores, el Consistorio sostiene que en todo momento se ha actuado de la mejor forma posible: “Estoy convencida que todo se ha hecho bien. No se rescató la concesión antes porque era jurídicamente posible, y se hizo cuando Serpro Sport entró en concurso de acreedores. El Ayuntamiento ha actuado con responsabilidad y transparencia” ha asegurado la alcaldesa, Pepita Gutiérrez.

“¿Por qué tardaron tanto en actuar?”
El pleno se había convocado a petición de l grupo municipal de PSOE-Pacte, cuyos regidores han realizado una batería de preguntas a la alcaldesa y al regidor de Deportes. “El pliego de las condiciones de la concesión de Can Coix estipula claramente que habrá sanciones a la empresa concesionaria si no cumple con sus deberes. Ustedes ya hace más de un año que conocen estos incumplimientos. ¿Por qué no sancionaron a Serpro Sport? ¿Por qué se mantuvieron impasibles y en silencio?” ha denunciado el regidor progressista Pep Marí ‘Marge’, quien ha hablado de “falta de respeto hacia unos trabajadores que llevan seis meses sin cobrar, y falta de respeto a los ciudadanos a quienes se les ha cerrado el polideportivo durante dos meses”.

La regidora progresista Laura Carrascosa ha recordado que “cualquier empresa que no cumple las condiciones que le marca la Administración, se le sanciona. ¿Por qué no se hizo esto con Serpro Sport? ¿A qué se debe este trato de favor? A Serpro Sport se le permitieron hasta doce sanciones graves y no se le abrió ni un solo expediente”. María Torres ha preguntado por la omisión del deber de control por parte del Ayuntamiento: “Existía una comisión de seguimiento de esta concesión. En el 2012 no se reunió y en 2013 se reunió en marzo, cuando ya se conocían las irregularidades de Serpro Sport. La reunión de la comisión duró un cuarto de hora y no aprobó ninguna medida. ¿Por qué se actuó así?”.

Aunque la guinda sobre estas sospechas de trato de favor a Serpro Sport la ha puesto el regidor del PI, Juanjo Ferrer, que sin embages ha dicho: “¿Cual es la relación entre Serpro Sport y el PP Balear?”, y ha expresado su preocupada estupefacción por el hecho de que el anterior conseller de Turismo y exalcalde de Calvià, Carlos Delgado, sea ahora abogado y asesor de Serpro Sport.

El regidor descarga toda la responsabilidad en los técnicos
La intervención del regidor de Deportes, José González, ha empezado con un chiste involuntario, cuando al afirmar que empezaba una nueva etapa en la gestión de Can Coix ha dicho que: “no sé si nuestra gestión será mejor o peor, será diferente”, a lo que el regidor del PI, Juanjo Ferrer, no ha podido más que replicar: “¡por Dios! ¡espero que sea mejor!”.

Durante su intervención, González, ha intentado defenderse de todas las acusaciones vertidas por la oposición rebatiéndolas una a una. En primer lugar, ha negado ninguna responsabilidad en la situación actual de los trabajadores de Can Coix, que todavía no han podido volver a trabajar ni tampoco han cobrado: “Los trabajadores tienen una relación contractual con Serpro Sport, no con nosotros. Cuando resuelvan su situación con la empresa, estaremos encantados de contratarlos, tal y como prometimos”.

También ha negado dejadez ni pasividad del Consistorio ante los reiterados incumplimientos de Serpro Sport: “El seguimiento que hemos realizado ha sido exhaustivo”, aunque posteriormente ha vacilado cuando ha tenido que justificar porqué la comisión de seguimiento no se convocó en 2012 y la reunión de 2013 fue un mero trámite y no se trataron los embargos que pesaban sobre la empresa: “¿Por qué no se reunió en 2012? Lo desconozco. Y la de marzo de 2013… los embargos de la empresa no son competencia de la comisión, ¿eh? La empresa nos envía documentación de las nóminas y demás, aunque luego supimos que no las ingresaba. Pero no entramos en los embargos de la empresa”.

González se ha lavado las manos respecto a los motivos por los que el Ayuntamiento no decidió rescatar la concesión antes de que fuera demasiado tarde: “Yo no sé de leyes, yo no sé de números. Los técnicos nos dijeron que no se podía hacer y yo les hago caso”. Finalmente, González ha dicho que rescatar la concesión habría supuesto un desembolso de un millón y medio de euros, aunque posteriormente ha reconocido que este cálculo es estimativo y no está respaldado por ningún informe ni estudio: “Es algo que hemos calculado, aproximativo”.

Hablan los técnicos
Ya que el regidor González había descargado toda la responsabilidad sobre los técnicos, han sido éstos los que han tomado la palabra para explicar sus decisiones. Así, la jefa de los servicios jurídicos de Sant Antoni, Mabel Navarro, ha recordado que cuando se trató la opción de rescatar la concesión ya existía un preconcurso de acreedores sobre Sepro Sport: “Cuando se puso sobre la mesa la posibilidad, ya teníamos conocimiento que se habia solicitado el concurso de acreedores. Eso implicaba que el Ayuntamiento tenía que gestionar la concesión con los medios del contratista. Teníamos conocimiento de que existían embargos de la Seguridad Social sobre la empresa y no nos pareció conveniente: tendríamos que designar administradores por parte del Ayuntamiento, cuando ya existia un administrador concursal”.

Navarro ha explicado que la concesión se rescindió cuando se decretó oficialmente el concurso de acreedores “porque entonces la rescisión es obligatoria y el Ayuntamiento tiene potestad para hacerlo”.

Por su parte, la interventora Carmen Fuster ha explicado el problema económico que implicaba el rescate de la concesión: “Sobre Serpro Sort había tres embargos. Uno presentado por la Tesoreria General de la Seguridad Social; otro decretado por un juzgado de Menorca por una deuda con una empresa constructora; y otro embargo desde la Agencia Tributaria. Si planteábamos cualquier otra opción, el Ayuntamiento se tenía que haber hecho cargo de las deudas que tenía la empresa”.

Fuster también ha recalcado que “los servicios jurídicos y económicos del Ayuntamiento hemos intentado, en todo momento, buscar la mejor solución al problema y la que fuera menos onerosa económicamente para el Consistorio”.

Las explicaciones de los técnicos han quedado claras, aunque la concejal de PSOE-Pacte, Laura Carrascosa, ha decidido poner la lupa sobre el regidor y no sobre los técnicos: “Antes de la decisión de la recuperación de la concesión, ustedes ya tenían una docena de informes que les indicaban los problemas de Serpro Sport, una irregularidades que ya empezaron en 2012. ¿Por qué no actuaron antes?”.

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