Esteban Morelle Hungría. (Investigador colaborador en Derecho público – Derecho penal ambiental. Collaborator Researcher in Public law – Environmental crimes)
Formentera ha conseguido ser pionera en poner limitación a la entrada de vehículos, el establecimiento de un numerus clausus, iniciando así la desvinculación de la gran dependencia que une a la especie humana con el carbono. El resto de islas de nuestra comunidad tiene que seguir dicho ejemplo, pero aun con todo ello no será suficiente para revertir la situación actual y alcanzar lo acordado en Paris.
Estamos ante una auténtica emergencia climática, muchos países ya se han sumado a dicha declaración, aunque a otros – por desgracia algunos gobernantes – todo esto les parezca gracioso o anecdótico, nos encontramos en un periodo crítico generado por nuestra especie y, ahora toca iniciar todo un revulsivo que pueda afrontar esta situación con el fin de mitigar y adaptarnos a esta panorámica. Por suerte, en nuestra comunidad se han iniciado una serie de medidas que tienden a ello, con la aprobación de normas como la Ley de cambio climático o la de sostenibilidad ambiental y económica de la pitiusa menor vemos esta tendencia, pero no será suficiente. Hace algunas semanas se celebraron en la Universidad de Barcelona las VIII Jornadas ambientales donde, entre otras, se abordaron cuestiones tan importantes como la fiscalidad ambiental, esta ha de ser una acción trascendental a tener en cuenta no solo en el futuro, sino que, también en el presente.
Uno de los problemas existentes vinculados al cambio climático es la dependencia al carbono, para conseguir reducir tal extremo hemos de configurar un nuevo escenario donde se transformen los hábitos de consumo actuales de nuestra sociedad. Para lograrlo serán necesarias medidas que tiendan a fomentarlo, la imposición de un gravamen sobre el carbono puede ser una de ellas y para ello, siguiendo los pasos de otros países (Canadá, por ejemplo) se ha de revertir la finalidad recaudatoria por otra vinculada a criterios de sostenibilidad. La repercusión sobre el uso de combustibles ligados al carbono debe recaer sobre el ciudadano, pero de tal forma que desligar tal dependencia también le beneficie económicamente. La fiscalidad energética debe implantarse bajo criterios ambientales para beneficiar a los ciudadanos que mejor utilicen los recursos y menor impacto tengan sus conductas sobre ellos. La devolución al ciudadano de lo recaudado con estas medidas es solo un ejemplo de este tipo de fiscalidad no recaudadora que debe incorporarse al elenco de medidas a impulsar ese revulsivo antes comentado para conseguir frenar la situación de crisis climática actual.
España es uno de los países de la Unión Europea que menos recauda con impuestos verdes, aun con ello nuestra comunidad es la que encabeza el ranking a nivel nacional, proveniente en su mayoría de los impuestos ligados al turismo, pero si observamos otros países (Dinamarca, Finlandia, Francia o Nueva Zelanda) se han impulsado mecanismos de imposición de gravamen sobre el carbono. Es cierto que los combustibles fósiles ya disponen y soportan impuestos, pero es necesario impulsar medidas directas a la emisión de este elemento con el fin de armonizar las energías sobre sus emisiones de dióxido de carbono, para ello la redistribución del impuesto es una de las medidas que pueden tender a desligar el carácter recaudatorio pues el objetivo ha de ser la reducción de emisiones de carbono y no perjudicar a la población.
Iniciamos una nueva legislatura en la que se deben de impulsar muchos proyectos y medidas para seguir luchando contra esta situación de crisis climática y para ello, serán necesarias acciones valientes que a nivel técnico se sustentan, faltará por ver si serán capaces de aplicarlas nuestros gobernantes.
