@Noudiari / El Ayuntamiento de Sant Josep asegura haber defendido y actuado según la norma urbanística en el caso de unas presuntas obras ilegales de un agroturismo que se estaría construyendo en Sant Jordi y que el Consell ordenó paralizar de urgencia en diciembre.
Desde el consistorio han emitido un comunicado en el que afirman que «la actuación municipal ha sido en todo momento diligente y según los procedimientos que son de su competencia, sin que en ningún caso se pueda argumentar una falta de vigilancia por parte de los técnicos al cargo de la disciplina urbanística en los hechos denunciados ante esta Administración».
A raíz de la denuncia de estos hechos, el Ayuntamiento abrió un expediente de infracción urbanística unos días después de tener conocimiento, por la denuncia de un particular, de estas obras sin licencia.
La institución municipal afirma que «en todo momento se han dado desde este equipo de gobierno todas las explicaciones requeridas sobre la actuación que se ha llevado a cabo, con la única reserva de aquellas que podrían perjudicar la resolución de los procedimientos iniciados porque vulneran las garantías a las qué tiene derecho incluso de la parte investigada».
Para los dirigentes josepins, «desgraciadamente estas explicaciones se han publicado de forma sesgada sugiriendo una desidia que no ha existido, ni por parte de los técnicos ni de los responsables políticos de esta Corporación». Destacan que «con un relato ficticio de los hechos se pretende trasladar que las obras habrían empezado hace más de dos años, algo sin constancia formal, y que el Consell se ha visto obligado a hacerse con las competencias urbanísticas ante la inacción municipal, que habría ignorado, según esta versión, las explicaciones requeridas desde el Consell sin recibir una respuesta dentro de los plazos».
El Ayuntamiento detalla que la instrucción de los hechos se inicia en octubre del año pasado, cuando el día 3 se recibe la denuncia de un particular sobre unas supuestas obras sin licencia en Sant Jordi. Cuatro días más tarde, el 7 de octubre, se inicia el expediente de infracción correspondiente. Al Ayuntamiento le consta que el mismo particular presenta una denuncia también ante el Consell, por lo cual se coordina una primera inspección conjunta, con celadores de ambas administraciones, para el día 10 de octubre, una semana después de la primera denuncia y tres días después de abrir el primer expediente. «En esta inspección se detecta que las obras en suelo rústico común no tienen licencia, como reconoce la propiedad en el mismo acto», aclaran.
El celador municipal, con posterioridad, realiza una segunda inspección para medir el alcance de las obras no autorizadas, encontrando en todo momento la colaboración de la propiedad de la finca. El 2 de diciembre, los servicios urbanísticos del Ayuntamiento reciben un requerimiento del Consell donde se interesan por las actuaciones iniciadas raíz de este caso. Dos días más tarde, el 4 de diciembre, se da entrada en el Ayuntamiento de tres expedientes que los promotores pretenden regularizar los trabajos: uno de legalización, otro de segregación y un tercero de demolición. «Con estos expedientes, los servicios urbanísticos paran la instrucción de la posible infracción mientras se estudia si la documentación aportada restablece la legalidad urbanística vulnerada, tal como se está obligado a hacer en aplicación del ordenamiento y sus garantías», informan.
A pesar de que el Ayuntamiento dispone de un año para contestar el requerimiento, habían pasado solo 21 días desde que se recibió este en los servicios urbanísticos, que gestionan centenares de peticiones de información similares en el año, tanto de instancias judiciales como desde otras administraciones.
«A pesar de que la institución insular informa a los medios de la paralización a finales del año pasado, no es hasta el 8 de enero cuando se comunica oficialmente al Ayuntamiento de Sant Josep». El requerimiento anuncia también la voluntad de subrogarse las competencias, y es en este contexto que, ante la actuación de una administración superior, los servicios urbanísticos municipales empiezan a preparar la documentación del caso para su traslado al Consell. A pesar de que no se había agotado ningún plazo.
Ante esta situación, el Ayuntamiento de Sant Josep afirma que vigilará la evolución de un caso que afirma que «desde el Consell parecen muy interesados en instruir, hasta el punto de aplicar unos plazos legales muy interpretables para pasar por el encima de los servicios urbanísticos municipales. Confiamos que se mantendrá la misma celeridad en toda la instrucción de este caso, para llegar a una rápida resolución, que es el interés de todos».
