@Noudiari/ El Ayuntamiento de Sant Josep ha contestado hoy al comunicado del GEN en el que se aseguraba que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo obligaba al Consistorio a levantar la suspensión del expediente contra el equipo de gobierno de José Serra Escandell por otorgar la licencia de la mansión de Puig den Serra.
En este comunicado, Sant Josep tilda de «electoralista» y «mal intencionado» el hecho de que el GEN «utilice la información sobre una sentencia del mes de febrero a una semana de las elecciones». En este sentido, el Consistorio asegura que acató la sentencia de «forma inmediata».
Además, en ese mismo comunicado el equipo de gobierno asegura que «en ningún momento elude el cumplimiento de las sentencias judiciales, ni ésta ni ninguna otra», señalan. «Ha sido este equipo de gobierno el que ha procedido a la demolición de esta vivienda construida ilegalmente y no otro, cuya construcción no se correspondía ni en superficie, ni en localización con la licencia concedida», recalcan.
Desde el Consistorio apuntan que como consecuencia de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, la junta de gobierno del 12 de marzo de 2015 levantó la suspensión del expediente sancionador y continuó con la tramitación de dicho expediente. «Actualmente este expediente, como cualquier otro expediente sancionador del Ayuntamiento, continua su tramitación y quedará resuelto dentro del periodo legalmente establecido para ello», concluyen.
Reinicia Sant Antoni y el caso de Cretu
Por su parte, Reinicia Sant Antoni ha querido aprovechar la ocasión para celebrar la decisión y cuestionar qué tipo de diligencias o actuaciones «ha puesto el Consistorio de Sant Antoni en marcha para hacer efectivo el cobro» de la sanción de 10.000 euros impuesta a Michel Cretu.
La formación ha querido insistir en la arbitrariedad con que, a su juicio, actúa el consistorio portmanyí en relación a la aplicación o no de expedientes sancionadores. «Flota en el ambiente municipal la sensación, por decirlo de algún modo, de cierta impunidad en función del modo en que te apellides. No se trata de una acusación puntual sino de un sentir ampliamente generalizado que mina por completo la confianza de la población en las instituciones y que estas tienen que combatir de raíz», indican. Por todo ello, señalan que van a poner sobre la mesa «el cumplimiento estricto de todas las ordenanzas municipales, así como pelear porque el ayuntamiento se dote de medios humanos para poder llevarlo a cabo».
«La relación beneficio/coste está plenamente justificada en este caso. Es sencillamente vergonzoso el porcentaje de expedientes que llegan a tramitarse en su totalidad. En ningún campo se sobrepasa el 20%. Dotar al ayuntamiento de herramientas que permitan optimizar estos porcentajes redundadará en una mejor capacidad recaudatoria que permita, en primer lugar, cubrir los costes que este personal extra genere, así como, en segundo lugar, contar con una fuente de ingresos extra que a día de hoy se están echando a la basura» concluyen.
