@Noudiari/ Desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres (FAPA) de Formentera han querido denunciar hoy la «vulneración de un derecho fundamental» por parte del Govern balear a una alumna con necesidades especiales del CEIP Mestre Lluís Andreu.
La denuncia también la suscriben la Asociación Pitiusa por la Inclusión Educativa y Social (APIES) y la APIMA del centro escolar.
Según relatan en un comunicado, el ejecutivo balear no ha asignado de forma permanente el Asistente Técnica Educativa (ATE) a una alumna con síndrome de Down, que este año cursa P3.
Desde la FAPA recuerdan que el actual marco legislativo español identifica la inclusión educativa como derecho fundamental. Además, señalan que existe un dictamen a favor de esta asignación a partir de un estudio exhaustivo por parte de la profesional educativa que acompañó a la alumna el año pasado en la escuela, y esta recomendación se vio ratificada en junio cuando el equipo directivo del CEIP Mestre Lluís Andreu elaboró una solicitud para una ATE para la alumna a partir de los propios criterios que marca la Conselleria balear d’Educació. «Dicho de otro modo, la alumna cumple todos los requisitos para disponer de una ATE, y así lo corrobora el baremo de puntuación existente, y se le está negando de forma fraudulenta», han criticado.
Las asociaciones tildan de «incomprensible» si se tiene en cuenta que Educació sí contempla, aunque no está garantizado al 100%, la ATE adicional a partir del segundo trimestre, «una contradicción inaceptable si consideramos que a parte de su diversidad funcional, la alumna tiene ante sí una adaptación decisiva desde la guardería al ciclo de educación infantil».
«Es inadmisible, por tanto, que un gobierno formado por unos partidos que en su programa electoral incluían la promesa de desarrollar un plan estratégico de inclusión educativa, no sólo no lo haya ni diseñado, sino que desconozca la realidad de algunos de los centros que gestionan y que haya hecho poco para cambiar el rumbo de una política amplia de recortes de personal específico que provoca que una sola educadora tenga que pasar la mayor parte de su tiempo sola con veinte niños de P3 -con personal de refuerzo eventual-, uno de los cuales tiene derecho a un ATE», han señalado.
Por todo ello, exigen la «inmediata revisión» de este caso al ser un «claro ejemplo de agravio comparativo dentro del sistema de enseñanza pública» y, finalmente, la alumna pueda disfrutar de la educación de calidad a la que tiene derecho.
