@Noudiari / Desde que el pasado 30 de octubre de 2016 el Consell de Ibiza aprobara la incorporación de criterios sociales y medioambientales en la contratación pública, los técnicos de la administración insular han incluido los criterios medioambientales en un total de 39 contratos públicos y los criterios sociales en otras 25 contrataciones.
Esta iniciativa, impulsada por el departamento de Transparencia, Participación, Buen Gobierno, TIC, Trabajo, Formación y Vivienda, afecta a todos aquellos contratos de una cuantía superior a 18.000 euros cuando se trate del ofrecimiento de servicios y de 50.000 euros cuando se traten de obras. Además, se abarca de manera transversal al conjunto de departamentos de la institución, como pueden ser los que se han efectuado desde red viaria, bienestar social, servicios técnicos, cultura, comunicación, servicio de prevención y extinción de incendios, o turismo.
«El Consell de Ibiza ha sido pionero en el conjunto del Estado al incorporar todo el conjunto criterios sociales, de comercio justo, medioambientales, de género o de transparencia fiscal como condiciones a las empresas que quieran acceder a un contrato público y a la gestión de un servicio», ha explicado la directora insular de Transparencia, Participación y Buen Gobierno, Gloria Santiago, para quién «esto señala un cambio importante de rumbo: el criterio de contratación ya no es únicamente la oferta económica más ventajosa, sino que se valora la mejor calidad-precio con el objetivo de favorecer el bien común, el bienestar de las personas y la protección del medio ambiente».
Así, algunos de los contratos que han incorporado estos criterios de sostenibilidad medioambiental ha sido la de los campamentos de verano, residencias, instalaciones fotovoltaicas a la sede del Consell y de Cas Serres, las obras de mejora y adecuación de las carretas, los servicios pirotécnicos de las Festas de la Terra 2017, la reforma del hipódromo de Sant Rafel o el suministro de oxígeno medicinal en Cas Serres.
Los criterios ambientales que se han incorporado se han enfocado en aspectos como la reducción y reciclaje de residuos, la prevención de riesgos ambientales, la protección de bienes naturales, o el uso prioritario del papel reciclado en las impresiones. También se han incorporado cláusulas dirigidas a la eficiencia energética o a la sostenibilidad en la construcción de edificios.
En cuanto a los contratos en el que se han incluido criterios de carácter social, encontramos los de los campamentos de verano de Cala Jondal, el minibus adaptado del departamento de Bienestar Social, el servicio de vigilancia de salud, de limpieza y de las residencias.
Así, en estos contratos se han incorporado criterios de obligatorio cumplimiento como es la acreditación que las empresas con más de 50 trabajadores tengan contratado, al menos, un 2% de personas con discapacidad igual o superior al 33%; la acreditación que han adoptado medidas que garantizan la igualdad entre hombres y mujeres; la prohibición de generar publicidad, imágenes o materiales sexistas; o la comprobación del cumplimiento de los derechos laborales.
Además, en la contratación pública se ha incorporado también la exigencia de la transparencia con la obligación de acreditar que tanto los ingresos o beneficios del contrato serán declarados y liquidados según la legislación vigente, con la prohibición expresa del uso de paraísos fiscales. En dos contratos, además, se ha añadido como criterio adicional el compromiso de subcontratar a una empresa de inserción laboral de personas con dificultad de acceso al mercado laboral.
«Esta forma de contratación afecta de manera transversal a todos el departamento y afecta el conjunto del Consell, de manera que se continuará aplicando en los próximos contratos de esta institución» ha señalado Gloria Santiago.
