EFE / La Fiscalía de Ibiza investigará la concesión de la escuela municipal de vela de Sant Antoni al Club Náutico Sant Antoni (CNSA) en 2016 con ocasión de la renovación de las concesiones de playas del municipio.
El Ministerio Público ha decidido incoar diligencias tras recibir una denuncia que pide que se investigue si el alcalde de Sant Antoni, José Tur, el concejal de Playas, Pablo Valdés, y el técnico municipal de Playas, han incurrido en presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos al otorgar una concesión al Club Náutico sin concurso público.
El denunciante, que ha pedido mantener el anonimato, ha explicado que ese año el consistorio entregó al Club Náutico la gestión del lote número 8 de la playa de s’Arenal, correspondiente a la escuela de vela, mediante un supuesto convenio que nunca se le permitió consultar, a pesar de solicitarlo en dos ocasiones.
El denunciante estaba interesado en ese lote, que en 2016 salió a concurso público por 16.000 euros anuales por cuatro años de explotación, un precio muy superior a los 4.000 euros al año de la última licitación.
El concurso quedó desierto porque el alto precio lo hacía inviable, según el denunciante, que se puso en contacto con el consistorio para interesarse por una segunda licitación con una puja inferior.
Al no recibir respuesta, el denunciante presentó dos instancias al consistorio, en junio de 2016 y en septiembre de 2017, reclamando el convenio entre el Club Náutico y el ayuntamiento, así como el detalle de las contraprestaciones de la entidad al ayuntamiento, “ya que no realizó el pago de la concesión de subasta pública”, indica en uno de los escritos.
En estos escritos, también informa al consistorio de que otra empresa diferente fue la que finalmente explotó la escuela de vela, posiblemente mediante una «cesión o subcontrata» realizada por el Club Náutico.
El denunciante recurrió además a la Delegación de Gobierno de las Islas Baleares y a la Dirección Insular de la Administración del Estado, que respondieron que no eran competentes, por lo que finalmente denunció el asunto ante la Fiscalía, que ahora ha abierto una investigación.
Por su parte, el Ayuntamiento de Sant Antoni sostiene que el proceso seguido para la explotación del lote “se ajusta a la legalidad” y asegura que “facilitará toda la documentación que sea solicitada, como no puede ser de otro modo”.
Según explican desde el consistorio, tras una licitación abierta a todos los interesados, la adjudicación del quedó desierta, por lo que, dado que la temporada turística ya había comenzado y ante la necesidad de «garantizar la seguridad de los bañistas y usuarios de playas», el ayuntamiento llegó a un acuerdo con el Club Náutico Sant Antoni.
El acuerdo implicaba que la entidad podía explotar el lote a cambio de asumir los servicios de mantenimiento y facilitar una alternativa en caso de avería para la embarcación de salvamento, que se encontraba en mal estado. Además, también debía poner a disposición una plaza de amarre para dicha embarcación de socorro.
