Elena Camacho / Hasta que un medicamento nuevo llega a las farmacias hacen falta años (a veces décadas) de investigación básica y clínica. Un largo y caro proceso que en su mayor parte se costea con fondos públicos pero que al final solo da beneficios a la industria farmacéutica.
Asesorado por el economista estadounidense Dean Baker, el artículo del Dr. Link -investigador del Departamento de Biología del Cáncer en el Instituto de Investigaciones Biomédicas «Alberto Sols» (CSIC-UAM)- advierte de que en la última década el desarrollo de nuevos medicamentos ha cambiado en detrimento del consumidor.
Y no es el único que lo piensa
Actualmente, la llegada de un nuevo medicamento al mercado es el resultado de un duro (y largo) trabajo de investigación científica que, durante años y a veces décadas, ha estudiado los mecanismos moleculares implicados en una enfermedad para identificar y validar una diana farmacéutica.
Esa ardua tarea recae principalmente en las universidades y organismos públicos de investigación (OPI) que se financian con fondos públicos, explica el científico.
Sin embargo, el resultado de este vasto conocimiento suele ir a parar a las farmacéuticas que han optado por «una especie de subcontratación de los laboratorios pertenecientes a OPIs» y que son las que, finalmente, desarrollan y sacan al mercado el nuevo medicamento con altísimos márgenes de beneficio.
La industria farmacéutica justifica los altos precios de algunos medicamentos con la inversión en I+D y el alto riesgo que supone el desarrollo de fármacos, «y es cierto», apunta el Dr. Link, pero también lo es que la parte más arriesgada del proceso se hace con investigación financiada con dinero público.
Según datos de la patronal Farmaindustria, cerca del 60% de los 1.147 millones de euros destinados por las empresas farmacéuticas a la I+D en 2017, esto es 662 millones, financiaron ensayos clínicos y 131 millones, investigación básica.
Para Link, el caso es especialmente grave en los tratamientos contra el cáncer, que son prescritos en el Sistema Nacional de Salud y, por tanto, pagados íntegramente por la Seguridad Social (y en menor medida por las aseguradoras de la sanidad privada).
Según la fundación sin ánimo de lucro ‘Salud por Derecho’, algunas de las terapias más empleadas contra el cáncer en España rondan los 40.000 euros y otras pueden superar los 100.000 por paciente y año, unos precios inasumibles para el sistema público y que pronto serán impagables, ya que, según las previsiones, en 2035 se diagnosticarán 315.000 nuevos casos al año (30% más que ahora).
Como el Dr. Link, la ONG denuncia que el sistema de propiedad intelectual es muy beneficioso para las farmacéuticas en España.
Y es que, aunque en teoría el sistema de patentes pretende garantizar la recuperación de los recursos invertidos en la investigación, la realidad es que no es posible conocer esos costes porque son secretos y los datos que se publicitan no tienen en cuenta la inversión pública.
Esta falta de transparencia permite que la industria fije los precios de los fármacos arbitrariamente, en función de la capacidad del mercado de cada país, lamenta Salud por Derecho.
El informe de la ONG recuerda el caso de algunos fármacos claves para el tratamiento del cáncer, que reportan enormes ingresos a las farmacéuticas pese a que todos ellos se desarrollaron en gran parte gracias a los recursos públicos.
Financiación
En el Trastuzumab, por ejemplo, para cáncer de mama, la mitad de los ensayos clínicos fueron financiados por universidades, centros de investigación o fundaciones. Hoy, este medicamento es uno de los productos estrella de Roche que ya ha ganado 60.000 millones de euros con su comercialización.
Pero antes de llegar a la fase clínica de pruebas para este medicamento, insiste el Dr. Link, hicieron falta décadas de investigación básica para describir el aumento de la cantidad de la proteína HER2 en los pacientes con cáncer de mama, validar esta proteína como diana terapéutica y hacer ensayos con ratones.
Hacer ensayos clínicos con pacientes es caro y lo suele hacer la compañía, «pero el riesgo del fracaso es mucho mayor antes y ese riesgo lo pagamos todos con nuestros impuestos», insiste.
Otros casos como los de alemtuzumab (Sanofi) y bevacizumab (Roche) -también sufragados en un 70% y un 50%, respectivamente, por fondos públicos o fundaciones- son una reflejo de las estrategias comerciales con que la industria aumenta sus beneficios. En ambos casos, en vez de ampliar el listado de sus aplicaciones, los medicamentos fueron lanzados al mercado con nuevo nombre y un precio superior, denuncia la ONG.
Hace cuatro meses, la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió un informe en el que advertía de que la actual política de precios de los medicamentos contra el cáncer «no ha respondido adecuadamente a las necesidades sanitarias».
Precios hinchados
El informe denunciaba que, en todo el mundo, las farmacéuticas están fijando unos precios por encima del verdadero valor clínico del cáncer y urgía a la comunidad mundial a «corregir los comportamientos irracionales que han llevado a los medicamentos oncológicos a precios insostenibles».
En España, organizaciones como la Organización Médico Colegial de España, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, las asociaciones de consumidores CECU y OCU, y varias ONG como Salud por Derecho, Médicos del Mundo o AAJM (Asociación Acceso Justo al Medicamento), han firmado un manifiesto en el que denuncian que el precio de los nuevos fármacos impide que las personas con menos recursos accedan a tratamientos para cáncer o hepatitis C.
Al mismo tiempo, este «sistema disfuncional de incentivos» hace que enfermedades como el chagas o la malaria, o amenazas crecientes mundiales como la multirresistencia bacteriana, no reciban atención.
Todo ello -advierte el manifiesto- es resultado de un sistema de I+D ineficaz y costoso que está «más interesado en proteger los derechos de propiedad intelectual» que en garantizar la innovación y el acceso a los medicamentos, una situación insostenible que reclama con urgencia una reforma del sistema.
Para el Dr. Link, sin embargo, el problema no es la industria farmacéutica «que no deja de ser un ‘lobby’ que intenta hacer negocio», sino los gobiernos que asumen un enorme gasto farmacéutico en vez de afrontar y solucionar el problema, lamenta.
Por eso, su artículo incluye propuestas para evitar que la industria «siga apropiándose de la investigación básica» como que los gobiernos inviertan directamente en el desarrollo de nuevos medicamentos o que adquieran patentes para transferirlas al dominio público, dos ideas que ayudarían a no convertir la salud en «un gran negocio».
También propone que una parte significativa de los beneficios de las ventas de los fármacos se inviertan en los OPIs, para evitar que el acceso a las terapias innovadoras «sea privilegio de los más ricos» sin perjudicar a la I+D+i.
Fuentes de Farmaindustria han subrayado a Efe que la industria está «totalmente comprometida» con la colaboración público-privada en la investigación biomédica, y que «comparte el objetivo social básico» de que esta colaboración «revierta a la sociedad en forma de nuevo conocimiento y, sobre todo, nuevos medicamentos».
Por eso, «todas las medidas orientadas a reforzar esta cooperación en beneficio del paciente contarán con el respaldo de las compañías farmacéuticas», concluyen las mismas fuentes.
EFE
