EFE / El Consejo Escolar del Estado ha recomendado al Ministerio de Educación que se alcance un acuerdo para la equiparación salarial del profesorado de la enseñanza concertada con sus homólogos de la enseñanza pública.
Lo hace en su Informe 2019 (sobre el curso 2017-2018), al que ha tenido acceso Efe, y que este martes debe aprobar el Pleno del Consejo Escolar del Estado, máximo órgano consultivo del Gobierno en materia educativa.
«Los trabajadores de la concertada son empleados de un servicio público educativo», ha recordado el Consejo, que ha instado a que en el marco de la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada se negocie dicha homologación salarial y laboral.
Ha especificado que el hecho de que al personal docente de la concertada se le excluya de poder percibir algunos conceptos salariales como los sexenios «implica aumentar aun más las diferencias salariales alejando progresivamente la equiparación en lugar de lograrla».
Además, como el marco educativo-laboral vigente de la enseñanza concertada es de 1985, el Consejo Escolar del Estado ha argumentado que «las repercusiones en el plano laboral para sus 150.000 trabajadores requiere de cambios que se adapten a un adecuado marco regulador a los nuevos tiempos».
Por ello ha instado a la negociación de un nuevo Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos.
Por otra parte, el Consejo ha pedido al Gobierno «retomar sin demora el trabajo que conduzca finalmente a un Pacto de Estado por la Educación con el fin de mejorar la educación en España, por encima de los intereses partidistas y de la rentabilidad mediática y electoral».
Ha pedido consenso para políticas educativas «claves y urgentes» como las relativas al profesorado, los centros educativos, la simplificación y armonización del currículo y la Formación Profesional.
Otras consideraciones del Consejo pasan por la eliminación de los efectos del real decreto de racionalización del gasto educativo para compensar «el deterioro sufrido por la escuela pública», recuperando la inversión educativa y los derechos laborales, sociales y sindicales de los docentes.
También se solicita al Gobierno la aprobación de una Ley de la Profesión Docente y a que emprenda una campaña de comunicación a nivel nacional para «aumentar el reconocimiento social de los profesores»
