Belén Molleda / Con una media de uso de una llamada cada tres días, las cabinas telefónicas, que se han convertido en soportes publicitarios, se mantendrán en España como un servicio universal obligatorio como mínimo hasta el 31 de diciembre de 2021, a la espera de que el Parlamento se ponga de acuerdo y logre aprobar antes una ley que permita su supresión.
Telefónica será de nuevo el operador encargado de mantener estos teléfonos, en virtud de una orden ministerial, que publicará en breve el BOE por un periodo de 2 años, aunque la intención «clarísima» es eliminarlas antes del servicio universal obligatorio, ha dicho el director general de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, Roberto Sánchez.
Las cabinas telefónicas, que comenzaron a instalarse en las calles españolas en 1928, «no se utilizan. Estamos convencidos de ello», ha apuntado Sánchez, que ha reconocido que ya se intentó en 2018 suprimir la obligatoriedad de este servicio, pero no se pudo porque el Consejo de Estado dictaminó «a última hora» que debía hacerse por ley.
«El año ha sido un poco difícil» y aprobar leyes «ha sido complicado», teniendo en cuenta la fragmentación del Parlamento, ha apuntado.
Año tras año se publica en el BOE un concurso para prestar este servicio, que en los últimos tiempos ha quedado desierto, ya que ningún operador quiere hacerse cargo de estos elementos que, según fuentes de Telefónica, registran una media de uso de 0,37 llamadas al día.
El coste de mantener las cabinas es de unos 4,5 millones de euros anuales, según los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que revisa las condiciones de la prestación del servicio y que se refieren al año 2016.
Para 2020 la situación no es distinta y ningún operador ha querido hacerse cargo de estos elementos, según ha publicado el BOE esta semana, por lo que será de nuevo Telefónica el que lo ofrezca.
A día de hoy existen unas 15.450 cabinas en la vía pública en todo el territorio nacional, aunque llegaron a sumar las 65.000 a finales de los 90, según la multinacional española.
De acuerdo con estos datos, cada cabina supone un coste medio de 291,3 euros al año, por lo que cada llamada de teléfono registrada sale de media a 2,5 euros.
La demanda de este servicio se ha reducido drásticamente en los últimos años por la alta penetración de la telefonía móvil en todos los segmentos de la sociedad, según Telefónica, que ha advertido de que la escasa demanda ha encarecido los costes de este servicio como ha ocurrido en muchos otros países del entorno.
Actualmente existe una cabina en cada municipio de más de 1.000 habitantes, y está establecido que haya instalada al menos una cabina por cada 3.000 habitantes, según el operador.
Para superar esta obligatoriedad, se debe aprobar una ley específica o, «lo más lógico», según Sánchez, una transposición de la directiva europea del Código de las Comunicaciones Electrónicas, que ya suprime estos elementos como servicio universal obligatorio, aunque tampoco impide mantenerlos.
La idea es hacerlo a lo largo de 2020, según el director general, que ha apuntado que se está trabando en los borradores de la ley.
La CNMC ya ha recomendado que se retire la obligatoriedad de este servicio al haberse constatado un progresivo abandono de su uso. «No es que lo hagamos porque se nos haya ocurrido», ha afirmado el director general, convencido de que estos elementos están llamados a «desaparecer».
Países como Francia, Bélgica, Dinamarca y Estonia han ido suprimiendo el elemento del servicio universal de cabinas, según datos de la CNMC.
Telefónica es la encargada de mantener, no solo las cabinas, sino el conjunto del servicio universal de telecomunicaciones que garantiza el acceso a la red telefónica pública desde cualquier ubicación geográfica o una velocidad de conexión de al menos 1 megabit por segundo (Mbps).
No obstante, este servicio es financiado de forma proporcional en función de sus ingresos por los operadores que facturan más 100 millones de euros.
Según datos recientes de la CNMC, un total de 14 operadores han sido los encargados de financiar el servicio universal de 2016, que supuso un coste total de 16,78 millones de euros en España, de los que Telefónica aportó 5,2 millones de euros, Vodafone, 2,86, y Telefónica Móviles, 2,86, entre otros.
En la nueva ley que se apruebe, también se revisará la velocidad mínima de las conexiones a internet, que se remontan a un reglamento que data de 2005, según el director general.
EFE
