EFE / La magistrada del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma ha admitido a trámite una parte de la querella del PP contra el que fuera jefe de campaña de MÉS per Mallorca en la anterior legislatura Jaume Garau, cuatro exaltos cargos del Govern y tres empresas, por presuntas irregularidades en adjudicaciones.
Entre los querellados está el que fuera presidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, por la contratación de una encuesta de satisfacción turística para poder fijar una estrategia política en 2017 por parte del Patronato Municipal de Turismo de Formentera.
Así, la jueza ha admitido a trámite mediante un auto la parte de la querella del PP relativa a un contrato menor, dos contratos de servicios y la contratación de un estudio. Investigará la posible existencia de delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación y fraude.
Los contratos son otros distintos a los que investigó el magistrado del Juzgado de Instrucción número 9, Enrique Morell, quien en marzo del año pasado archivó provisionalmente el llamado caso Contratos, al considerar que no estaba acreditada la prevaricación en varias adjudicaciones directas a empresas vinculadas con Garau.
Además de incoar diligencias previas, la magistrada ha citado a declarar los días 20 y 21 de febrero a los querellados, que son, además de Garau, la exconsellera de Cultura Ruth Mateu y los ex directores generales de la Agencia de Turismo de Baleares (ATB) Pere Muñoz, de Cultura Jaume Gomila y el del Institut d’Estudis Baleàrics Josep Ramon Cerdà, el presidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, y los representantes legales de tres empresas, dos de ellas vinculadas con Garau.
La querella se refiere a un contrato menor para realizar un estudio del público para aumentar la asistencia a los conciertos del Consorcio para la Música de Baleares y a la contratación de un servicio de asistencia técnica para la elaboración de la estrategia de desarrollo urbano sostenible del Patronato de la Vivienda y Rehabilitación de Barrios del Ayuntamiento de Palma.
También es sobre la contratación de un servicio público de consultoría para asistir al Ayuntamiento de Calvià en la estrategia de desarrollo urbano sostenible por parte de la empresa pública Calvià 2000 y la contratación de una encuesta de satisfacción turística para poder fijar una estrategia política en 2017 por parte del Patronato Municipal de Turismo de Formentera.
La Fiscalía considera que no existe conexidad con el procedimiento que llevó el Juzgado de Instrucción 9.
En marzo del año pasado, el magistrado de Instrucción número 9 de Palma decretó el archivo provisional del llamado caso Contratos, al considerar que no estaba acreditado el delito de prevaricación en varias adjudicaciones directas a empresas del que fuera jefe de la campaña electoral de MÉS per Mallorca en 2014.
En la causa se investigaba si ex altos cargos de las conselleries de Cultura y Turismo, gestionadas por el partido MÉS, favorecieron de forma arbitraria a Garau con adjudicaciones directas por unos 127.000 euros para encuestas y estudios de impacto cultural y hábitos de consumo cultural y sobre satisfacción de los turistas que visitan Baleares.
El juez señaló que entonces que las decisiones adoptadas por los funcionarios investigados no podían considerarse arbitrarias e indefendibles ni adoptadas a sabiendas de injusticia y todos ellos explicaron en sus respectivas declaraciones judiciales de forma coherente el objeto de los diversos contratos.
