@D.V./ Según la sección segunda de la Audiencia Provincial de Palma, existen “indicios” de que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Eivissa pudo cometer “presuntos delitos de prevaricación y/o malversación de caudales públicos” en la condonación de la deuda a la empresa controladora de la zona azul de Vila, Park Control SL, motivo por el cual está imputado todo el equipo de gobierno dirigido por la exalcaldesa Lurdes Costa.
A consecuencia de esta sospecha, la Audiencia estima que el juez instructor debe tomar declaración a todos los implicados y “practicar la totalidad de diligencias” para que valore si el material obtenido en la investigación es suficiente para formular el juicio de acusación. A día de hoy, la Audiencia aprecia que existe “en este momento una suficiencia de los indicios” que justifican plenamente esta impitación.
Un caso que saltó en 2010
Recordemos que el ‘caso Park Control’ saltó a la luz pública cuando en febrero del añó 2010 se detectó que, entre los años 2007 y 2009, el Ayuntamiento de Eivissa no había ingresado ni un euro a cargo de los cánones de la zona azul. Posteriormente, se supo que eso se debía a que el Consistorio había condonado 412.120,51 euros a Park Control porque asumía la cuantía del Impuesto de Bienes Patrimoniales, una tasa que en el pliego de condiciones de la contrata no quedaba claro si debía asumir la empresa a no.
La sección segunda de la Audiencia Provincial de Palma realiza estas afirmaciones en un escrito en el que rechaza el escrito de impugnación de Santiago Pizarro, que solicitaba la nulidad del auto en el que estimaba el recurso de apelación presentado por Josep Maria Molins. La Audiencia desestima la petición de nulidad y confirma el recurso presentado por Molins añadiendo nuevos argumentos.
Así, la Audiencia constata que, a través de los testimonios aportados, “pudimos vislumbrar que efectivamente se produjo la condonación de la deuda por un tributo oficial y a cuyo pago estaba obligada legalmente la empresa adjudicataria” y que “en la adopción de dicha decisión, el Ayuntamiento podría no haber observado el procedimiento legalmente establecido”. En el texto se afirma también que existen indicios que “no hacen descartar que pudiera existir una afinidad política entre el gerente de la empresa beneficiaria de la concesión y el Ayuntamiento de Eivissa”, unos indicios que aparecen como “suficientes para seguir indagando”.
