Vista aérea de la ciudad de Ibiza.
NouDiari / La nueva línea de 7.000 millones de euros para ayudas directas a empresas y autónomos aprobada hoy por el Gobierno de España contempla un “compartimento” específico, de 2.000 millones de euros, para Illes Balears y Canarias, en atención al “impacto diferencial” de la crisis sanitaria por la Covid-19 sobre estas dos comunidades autónomas.
Con esta medida, el Ejecutivo reconoce un tratamiento especial a los dos archipiélagos, debido al elevado peso del sector turístico el efecto que ha tenido la pandemia en sus economías, por las restricciones que ha supuesto para esta actividad.
La Delegada del Gobierno en Balears afirma que la creación de estas ayudas directas a empresarios y autónomos “da respuesta a las reivindicaciones de las instituciones públicas y privadas y del conjunto de la sociedad civil de Balears”. “Una vez más, el Estado ratifica su compromiso con las Islas y reconoce la especial gravedad de la situación económica y social que vivimos”, ha asegurado Aina Calvo.
El Real Decreto-ley de medidas extraordinarias a la solvencia empresarial, aprobado por el Consejo de Ministros este viernes, moviliza un total de 11.000 millones de euros en ayudas directas a las empresas, a través de subvenciones, reducción de costes y refuerzo de su capital. En concreto se crean tres fondos de ayuda a empresas viables cuya situación patrimonial se haya deteriorado como consecuencia de la pandemia y se prorrogan las moratorias concursales hasta finales de 2021, además de otras medidas para facilitar el aplazamiento de deudas tributarias.
Esta nueva línea permitirá a las empresas y autónomos de Illes Balears hacer frente al pago de deudas contraídas desde marzo de 2020, con ayudas económicas de carácter finalista no reembolsables por pérdida mínima de ingresos del 30% durante el año pasado. Estas aportaciones del Estado permitirán compensar hasta en un 40% la caída de ingresos de “micropymes” y autónomos y hasta en un 20%, para el resto de las empresas. El decreto fija unos topes máximos de las ayudas, que podrán ser incrementados en las comunidades autónomas más afectadas, dentro de los procedimientos de control contemplados por la UE.
