EFE / La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre y una mujer, ambos de 21 años, que habían allanado la vivienda de una madre y su hijo hospitalizados por un accidente doméstico.
La pareja, arrestada este martes, alegó que había ocupado el piso, ubicado en el Portitxol, por indicación de una persona a la que habían pagado para que les consiguiera una vivienda que estuviera desocupada, según ha informado la Policía en un comunicado.
Los agentes acudieron al domicilio usurpado por la denuncia de una mujer que alertaba de la ocupación ilegal de la casa de su madre y su hermano, hospitalizados desde marzo, de la que habían sacado parte de los enseres para que los recogiera el servicio de limpieza.
Los policías constataron que ante el edificio había muebles y papeles personales y documentos de los moradores del piso allanado, propiedad de un organismo público autonómico que lo tiene alquilado desde hace tres décadas a la misma familia.
Los ocupantes argumentaron que habían sido engañados por una persona que les cobró por facilitarles el acceso a la casa deshabitada y fueron detenidos acusados de allanamiento de morada.
La Policía explica que se desalojó de inmediato el piso porque no se trataba de un caso de usurpación de inmueble (okupación), sino de un allanamiento, porque la vivienda es la morada de una familia, un supuesto que se aplica igualmente a las viviendas vacacionales.
«Las okupaciones solo caben en inmuebles vacíos», señala la Jefatura Superior de Baleares, que indica que en los últimos años es frecuente encontrar casos de usurpación de viviendas en los que intervienen «conseguidores» que cobran por poner a disposición de quienes las buscan viviendas supuestamente vacías , un fenómeno que se ha acentuado con la crisis de la covid-19.
«En no pocas ocasiones las personas que acceden a la vivienda creen que el ‘conseguidor’ tiene derecho sobre la vivienda y que el alquiler es legal, llegando a pagar meses enteros de fianza y alquiler por adelantado», advierte la Policía, que aconseja no pagar nunca sin que medie un contrato escrito que acredite los derechos del arrendador sobre el inmueble.
