La Policía Local de Sant Josep pide plenos poderes para poder luchar contra las fiestas ilegales en villas y chalés. Ya se comprende porque esto de la inviolabilidad del domicilio es un incordio para cualquier funcionario encargado de hacer cumplir la Ley, un privilegio absurdo que debería abolirse cuanto antes para facilitarles la tarea pos de la seguridad colectiva y el orden público.
En un comunicado difundido el pasado domingo, los agentes explican que desde que terminó el estado de alarma han realizado 208 intervenciones relacionadas con música o ruido procedente de viviendas. Se conoce que antes de la pandemia el municipio josepí era un oasis de tranquilidad y silencio.
Para mejorar su eficacia en la lucha contra tanto descontrol y tanta fiesta en domicilios particulares, singularmente villas de alquiler, los agentes piden a los legisladores “herramientas” para trabajar. No especifican si se trata de cizallas, arietes, o quizás móviles nuevos con cámaras última generación para mejorar la calidad de los documentos audiovisuales que suelen difundir muy a menudo en las redes sociales.
Extrañamente para esta actividad paralela a la función policial, no regulada expresamente en la Ley Orgánica 2/1986, no piden herramientas legales cuando quizás sea lo que más les afecta, porque esto de ir grabando las actuaciones policiales por sistema y difundirlas libremente podría vulnerar un buen número de normas que la Policía Local tiene el deber de respetar y no lo hace. Aunque quizás lo que plantean es que los organizadores tengan la obligación de invitarles previamente.
Dicen los agentes locales que estos eventos generan desde trata de blancas a tráfico de drogas, prestación de servicios de seguridad ilegales dispuestos a cualquier cosa, intrusismo en el sector del transporte con taxis ‘pirata’ o VTC deslocalizadas, además de peleas y agresiones. En definitiva, infracciones de las que el término municipal de Sant Josep debía estar libre antes de que proliferasen este tipo de saraos en villas por mor del Covid-19.
Los legisladores deben atender los comunicados del Ajuntament de Sant Josep y del Cuerpo de Seguridad que de él depende, cuya eficacia está tan demostrada que lamentan no estar dotados de mayores poderes para meter en vereda a proxenetas, traficantes de drogas, taxis piratas y vigilantes privados sin licencia, y así poder acrecentar aún más su contrastada eficiencia en la lucha contra el delito.
Para ello sería suficiente con derogar el artículo 18.2 de la Constitución, que establece que el domicilio es inviolable y que ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. Uno diría que esta excepción ya habilita a los agentes para intervenir si pueden probar que se está cometiendo un delito. Háganlo.
No es la primera vez que en esta nueva normalidad se oyen voces reclamando a las autoridades (incluso al Consell d’Eivissa, ya me dirás tú…) que impulsen cambios legales para que los agentes de las Fuerzas de Seguridad puedan entrar en domicilios particulares sin orden judicial. Algunos quieren aprovechar la inercia del abuso en el pisoteo de los derechos fundamentales de los ciudadanos para ir un paso más allá. Y si es posible, para siempre.
Por Joan Miquel Perpinyà
Pues lo mismito que ha hecho el Consell. Però es clar, aqui son amiguets
Sr, Joan Miquel Perpinyà, si usted viviera junto a una de estas viviendas que cada noche hacen fiestas, donde no pudiera descansar ni dormir (como le pasa a muchos vecinos de Sant Josep), ya me gustaría saber si le gustaría SER INVITADO A DICHA FIESTA, o llamar a la Policía Local para que fuera a finalizar la fiesta para que usted pudiera descansar.
Ah pero como seria un abuso de poder de la Policía, no se podría hacer nada, y usted tendría que seguir disfrutando o aguantando la música toda la noche, para el bien de su salud y de su descanso
Si algún dia usted tiene dicho problema, ya nos gustaría saber que opina al respecto y que solución daría
Un saludo