Sin cambios con los Don Pepe: 29 familias serán desahuciadas a una semana de Navidad

Representantes de los vecinos de los apartamentos Don Pepe han comunicado este martes que las negociaciones con el Ayuntamiento de Sant Josep y del Govern balear no han aportado, por el momento, novedades. Por lo tanto, todo apunta a que el desalojo previsto para este viernes 17 de diciembre sigue en pie. De poder efectuarse, las cerca de 30 familias afectadas (entre las que hay varios menores, siendo uno de ellos un bebé) quedarían desahuciadas justo una semana antes de la noche de Navidad.

Por este motivo, la comunidad de vecinos ha hecho llegar a Noudiari el comunicado que acompañaba a las 6.500 firmas entregadas al Govern, Consell Insular y Ayuntamiento (1.020 son de personas que no residen en Ibiza); y en el que piden una solución urgente para las 29 familias de vecinos, propietarios e inquilinos que viven en las escaleras 3, 4 y 5 de dichos apartamentos en Sant Josep.

«Somos, junto a las 17 familias de vecinos de las escaleras 1 y 2, propietarios inocentes, compradores de buena fe y damnificados por las acciones de un Ayuntamiento inactivo desde 1965 que, 56 años después, se ha dado cuenta de que nuestros edificios son ilegales», denuncian en el comunicado.

Además, los vecinos lamentan que «no hay voluntad política para solucionar un problema, el de la licencia de obras, que tiene fácil solución». En este sentido, aluden a Vila: «Es tan fácil como modificar la ley de urbanismo, como hicieron para que el Ayuntamiento de Ibiza tenga un nuevo campo de fútbol».

Los propietarios e inquilinos de los Don Pepe también defienden que los dos bloques, A y B, se construyeron en 1965 con la licencia correspondiente. Pero «el Ayuntamiento solo encuentra la licencia del bloque B y por eso afirma que el bloque A es ilegal», matiza el comunicado, en el que también se hace balance del normal funcionamiento de los apartamentos durante las últimas décadas para demostrar que no se encuentran en una situación de ilegalidad. «Durante 56 años los pisos se han vendido, se han comprado, sus propietarios han pagado impuestos, se han hipotecado… y no hay ni una sola nota ni en el registro de la propiedad, ni en el Ayuntamiento, ni en notarías o bancos, que diga o haga sospechar que estos pisos eran ilegales». De hecho, tampoco existe expediente alguno de infracción urbanística.

«Volantazo» por parte del Ayuntamiento

Por otra parte, desde la comunidad de vecinos también denuncian la actitud de un Consistorio que durante todos estos años ha estado «consintiendo y alentando la existencia y el pleno funcionamiento» de dichas viviendas: «Ha asfaltado la carretera de acceso, ha desbrozado sus márgenes, ha instalado una estación de bombeo de aguas residuales y se ocupa de su mantenimiento, nos regaló el parque infantil, dio permiso de obra para la instalación de las ventanas aislantes, nos ha puesto contenedores de basuras y tenemos un servicio de autobús escolar para los niños del colegio y para los niños del instituto», detallan.

Los vecinos también se muestran indignado por el hecho de que en 2020 se declarara la ruina del edificio «de manera unilateral»: «Es el poder del fuerte contra el débil, el de una administración que en vez de velar por sus ciudadanos y buscar una solución, los aprieta y los lleva a la ruina».

Vecinos «hostigados y amedrentados«

La comunidad también asegurado se ha «hostigado, amedrentado, perseguido y asustado a los vecinos con continuas notificaciones, muchas de ellas erróneas». Y es que se llegó a notificar hasta en dos ocasiones a una persona fallecida.

Instituciones contra el diálogo

Estos ciudadanos de Sant Josep también aseguran que las instituciones han roto unilateralmente cualquier diálogo con los representantes de los vecinos, prefiriendo comunicarse a través de declaraciones en prensa.

«Tampoco se han sentado a analizar los 5 informes presentados por el equipo de la propiedad, donde se dice que hay patologías reparables y asumibles económicamente.

Ahora hay una orden judicial para el desalojo forzoso de las 29 familias que habitan las escaleras 3, 4 y 5, que tendrán que abandonar sus casas antes del viernes y «pasar las navidades recogidos en casa de amigos o familiares, o con alquileres imposibles, con su ropa en maletas o en bolsas de plástico, con sus enseres, muebles, recuerdos amontonados en garajes y trasteros, en cajas de cartón cerradas deprisa y corriendo con lágrimas de rabia e impotencia y todo el dolor de quien se sabe inocente y no entiende nada», concluye el comunicado.