@Noudiari/ Agentes de la Policía Nacional, junto a la Dirección General de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, han destapado un complejo entramado empresarial creado con la finalidad de defraudar a la Seguridad Social. En la operación han sido arrestadas 76 personas e imputadas otras 84 por fraudes en el cobro de prestaciones, falsedades documentales y estafas.
La persona responsable de la creación de la red de empresas ficticias cobraba a inmigrantes por formalizar contratos falsos de trabajo y altas falsas que les permitían acceder a subsidios por desempleo, así como obtener permisos de residencia. La gran mayoría de los más de 500 beneficiarios que se estima han participado en estas actividades ilícitas residen en la isla de Ibiza y en Madrid. El perjuicio causado a las arcas públicas se aproxima a los dos millones de euros.
Diez falsas empresas
La investigación se inició tras recibirse un informe emitido por la Inspección Provincial de Trabajo de Madrid sobre una empresa con sede en esa provincia, a nombre de un ciudadano marroquí. A partir del estudio de esta documentación, los agentes descubrieron la existencia de un entramado empresarial bastante complejo, creado con la finalidad de obtener importantes beneficios mediante el cobro a ciudadanos extranjeros por la formalización de contratos de trabajo y altas falsas.
Durante las investigaciones se ha descubierto la existencia de una red de empresas, todas creadas por la misma persona, compuesta por diez sociedades mercantiles que operaban con quince códigos de cuenta de cotización en distintas provincias españolas, principalmente en Madrid, Balears y Algeciras. También se ha podido demostrar que las mismas servían como instrumento para generar multitud de contratos falsos a ciudadanos extranjeros. Se ha comprobado, además, que el número de personas dadas de alta de forma ilícita supera las 500, de las que hasta el momento se ha constatado que 180 habrían percibido ilícitamente algún tipo de prestación y 135 que habrían empleado los contratos falsos para trámites relacionados con regularizaciones y autorizaciones de residencia.
A lo largo de la investigación se ha procedido a tomar declaración a cuatro personas que habrían trabajado en la gestión telemática de las altas y bajas de los supuestos trabajadores del entramado empresarial investigado. Salvo en un caso, el de una persona que ha sido imputada, se ha comprobado que actuaron de buena fe y que, ante la falta de pago y tras conocer las regularidades detectadas y comunicadas por parte de la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social, dejaron de prestar servicio al entramado de empresas ficticias.
