En una de las sentencias más contundentes que he leído, promulgada el 25 de mayo de 2022, el Tribunal Superior de Justicia de Balears daba la razón a un colectivo de vecinos de Sant Josep y afeaba al Ayuntamiento su inacción frente a los problemas de ruido generados por distintos establecimientos que programan música al aire libre en este municipio. El tribunal decía literalmente: «Es de lamentar el peregrinaje administrativo y judicial que una mala actuación municipal ha comportado a los afectados. Nos encontramos en el año 2022 y no hay constancia documentada de que los expedientes sancionadores (de 2013) hayan concluido de alguna manera ni de que fueran adoptadas medidas o sanciones».
Al leer la sentencia y darle vueltas a esta cuestión del peregrinaje administrativo, no he podido evitar pensar que la misma actitud que ha mantenido el Ayuntamiento de Sant Josep con sus vecinos la reproduce el Consell Insular con toda la ciudadanía de Ibiza, al respecto de su inacción con el ocio diurno al exterior en hoteles y clubes de playa. Un conflicto que nos persigue desde el 2011.
A pesar de que se acercan unas elecciones y este asunto, sin duda, será un tema candente y determinante, el Consell Insular d’Eivissa ha eludido su responsabilidad de poner orden y concierto en este desmadre, que desde hace ya una década genera un aluvión de conflictos sociales y empresariales. Recordemos que, después de que las discotecas fueran obligadas a insonorizarse en Ibiza para no generar molestias, teniendo que afrontar grandes inversiones, aparecieron los beach clubs y los hoteles discoteca, que se dedicaron a ejercer una competencia desleal al resto del sector del ocio establecido, entronizándose en una posición dominante y decisiva en el mercado del sector del ocio en general, diurno y nocturno, y descapitalizando el valor patrimonial acumulado durante años por los establecimientos de ocio nocturno que desde años atrás habían formado parte de la evolución y consolidación del turismo en la isla de Ibiza. El daño infligido a estas empresas es incalculable, teniendo en cuenta la perdida de una clientela fidelizada que garantizaba su patrimonio y su solvencia comercial.
Es importante subrayar también que dichos locales no disponen de una licencia de actividad que les permita ofrecer este tipo de espectáculos musicales, aferrándose a una interpretación torticera de la Ley Turística de 2012, que permite el desarrollo de actividades secundarias en este tipo de negocios sin necesidad de disponer de una licencia de actividad que las ampare. La trampa está en que, por mucha ingeniería financiera que estos negocios desplieguen para camuflarlo, los espectáculos musicales que programan y la economía que estos generan se ha convertido en la actividad principal, quedando la restauración o el alojamiento como algo residual. De esta forma, se vulnera claramente el espíritu de la ley. Además, cabe recordar también que el propio Tribunal Superior de Justicia de Balears también establecía, en la sentencia contra el Hotel Saratoga, que dichas actividades secundarias solo pueden dirigirse a los clientes alojados en dichos establecimientos y no a público exterior, que es justamente lo contrario a lo que está sucediendo en Ibiza.
Establecidos todos estos precedentes, hay que traer a colación lo ocurrido el 28 de mayo de 2020, cuando el Pleno del Ayuntamiento de Sant Antoni aprobó instar al Consell Insular d’Eivissa a que regulara la oferta turística musical en horario diurno de beach clubs y hoteles, que se realiza al exterior como segunda actividad, destacando que esta oferta musical «altera y rompe el equilibrio del modelo económico» del municipio. Esta propuesta, valiente y necesaria si se quiere poner algo de orden en esta Ibiza que se nos va de las manos, fue aprobada prácticamente por mayoría absoluta, ya que se hizo a propuesta de los partidos de gobierno (PP, PI y Ciudadanos), con el voto favorable de los concejales del PSOE y la única abstención de Podemos.
El acuerdo del Pleno de Sant Antoni no se quedaba solo ahí, sino que recordaba al Consell su competencia para regular estas actividades secundarias, reproduciendo un extracto de la Ley 6/2017, de 31 de julio, que modificaba la Ley 8/2012, de 19 de julio, del Turismo en Balears, donde se incluía el siguiente punto: «Los consells insulares, en su ámbito territorial y en el marco de sus competencias, podrán regular, condicionar o prohibir, de manera debidamente motivada, las actividades turísticas contempladas en este artículo».
El Ayuntamiento de Sant Antoni, por tanto, escuchó a sus ciudadanos y, de forma pionera, dio el primer paso para que quien debe regular el desaguisado, que no es otro que el Consell, pusiera en marcha la reorganización y el cambio imprescindible que requiere el sector en Ibiza.
El presidente del Consell Insular, Vicent Marí, tardó casi dos meses en contestar, pues lo hizo a mediados del mes de julio de 2020, afirmando que recogía «el guante» lanzado por el Ayuntamiento de Sant Antoni y que, además, abordaría el futuro reglamento para beach clubs y los hoteles discoteca a través del Consell de Alcaldes. Pero este asunto no va del Consell de Alcaldes. El alcalde de Sant Joan se ha manifestado públicamente en contra y es el Consell Insular d’Eivissa quien tiene la obligación de regular a nivel general, situando a todos los ayuntamientos de la isla bajo una misma norma. Y los alcaldes tienen por ley la potestad de restringir, acortar o redimensionar sus opciones, tal y como la ley les concede. Así que es el Consell Insular el que, motu proprio, debe abordar esta cuestión dando respuestas a sus competencias y obligaciones con la ciudadanía a la cual gobierna. También dijo el presidente que «el Consell tiene la clara voluntad de regular esta cuestión».
El Ayuntamiento de Sant Antoni, como decía, fue pionero al ser la primera institución pública de la isla en proponer esta regulación, pero antes ya había sido insistentemente reclamada al Consell por la Asociación Balear de Ocio Nocturno y Entretenimiento (Abone), que entonces aún no estaba en manos de los embajadores en Mallorca de la Asociación Ocio de Ibiza, que engloba a todos los beach clubs y hoteles discoteca que han generado el conflicto. No se le hizo el menor caso.
Abone incluso encargó un dictamen jurídico a un bufete de prestigio, que aclaraba sin sombra de duda no solo la competencia del Consell Insular para regular la actividad musical de estos negocios, sino la obligatoriedad que tenía de hacerlo.
Las conclusiones de dicho informe coincidían al 100% con el análisis y la reclamación realizada por el Pleno de Sant Antoni en mayo de 2020.
Hoy nos encontramos con que han pasado más de dos años desde aquella petición municipal y de que el propio presidente del Consell recogiera «el guante», como él mismo dijo. Sin embargo, no se ha avanzado un milímetro. No se ha hecho nada. El requerimiento del Pleno de Sant Antoni, incluso avalado por el voto del PSOE en la oposición, se guardó cuidadosamente esperando que el parón impuesto por el covid arrojara luz al problema y ayudara a reflexionar en este periodo obligado de cuarentena. Sin embargo, se ha desaprovechado esta oportunidad única para encontrar soluciones, dejando que el desastre volviera a reiniciarse con los mismos parámetros de antes. El Consell ha eludido su responsabilidad y ha sometido a los ibicencos al mismo peregrinaje administrativo que la Justicia le afeaba al consistorio de Sant Josep.
Queda muy poco tiempo para las elecciones y este asunto, sin duda, marcará la agenda porque hay una clara respuesta social ante el descontrol actual, que solo se puede solucionar desde la política y las instituciones. Aunque llegamos tarde, es hora de ponerle remedio. Ya no valen ni los silencios ni las excusas.
Pepe Roselló
El abuelo chochea y pierde la memoria. Cuando habla de las denuncias por ruido de los vecinos en 2013 se olvida decir que eran también sobre Space, su local. La verdad se dice completa y no verdades a medias. En cuanto al hotel Saratoga, al abuelo también se le olvida mencionar que el hotel no pidió permiso municipal para la actividad puntual que hizo. Por eso la denuncia. Y cuando habla del descontrol del ocio diurno me imagino que también incluye su nuevo local de San Antonio. En fín, al abuelo se le puede aplicar aquello de consejos vendo que para mi no tengo
Las verdades a medias de este vendemuerte son cafa vez más estomagantes. A ver si se van a poner de acuerdo algunos de los familiares de los decenas de fallecidos en Space después de horas y horas sin parar…y sin que lo parases,(en el Diario decía «fallece en can misses»…MENTIRA ¡’¡ ) sin importarte que reventaran con tal de seguir facturando , y vas a acabar perdiendo más de lo que has ganado.
Todo lo que dices es verdad. Pero todavía hay gente que por mucho que se lo digas no lo quieren entender. Hay que controlar todo el ocio nocturno . Y menos favoritismo.
Como la mayoria de Ibizencos no comprados por el ¨clan dominante¨, no veo el día que cierren de una vez ushuaia, ocean, ibiza rocks y toda la retahila de ¨beach clubs¨, que como dice Pepe no son mas que discotecas al aire libre en horario diurno.
Sería bonito volver a tener gente en las calles ( no zombis ).
La pandemia nos enseñó que con muchísimo menos podríamos vivir mejor…si el dinero que trae el turista se gasta en negocios legales ( los que sea).
Este año hemos vuelto a ver que hacer falta muchisisímos miles de personas que saturen y destrocen la isla para que estos puedan hacer negocio.
Sería bonito, pero irreal.
Ningún político moverá un dedo contra este modelo de negocio.
Todo el mundo tiene un precio.
» Quién esté libre de pecado que tire la primera piedra»
La primera ley obligaba a las discotecas a cerrarse y no permitir música al aire libre.
Los vecinos ganaron el primer round después de múltiples denuncias y sino que se lo digan a los vecinos
del Club San Rafael cuando su centro social pasó a convertirse en la discoteca Ku y luego Privilege.
Algunas discotecas capearon mejor el temporal. No es lo mismo cubrir el patio trasero de Pachá, el resto ya estaba cubierto, que cubrir los 10.000 metros cuadrados de Privilege.
Luego llegó la segunda ley que permitía tener espectáculos al aire libre, durante el día, como algo complementario y para sus propios clientes.
Esta actividad complementaria es el quid de la cuestión al convertirse en prioritaria.
Ushuaia pasó a convertirse en una discoteca al aire libre, por ejemplo y el hotel a depender de la discoteca y no al revés.
Quién es el guapo que te dice que tú no eres cliente del hotel y que no puedes entrar porque así lo dice la ley?
No tienes porque estar alojado, basta con que seas cliente del bar para cumplir la ley.
Y detrás llegaron los Beach Clubs, que tambien tenían derechos e Eivissa se convirtío en una discoteca al aire libre diurna, para acabar de cerrar el círculo.
La Justicia Española está hecha unos zorros. No hay más que ver el espectáculo bochornoso de unos jueces, al que nadie a votado, ni se han presentado a unas elecciones, tratando de impedir a todo un Congreso, dónde reside el poder del pueblo llano y soberano, que promulgue unas leyes aprobadas por la mayoría del pueblo español.
Si esto sucede en las altas instancias dónde los jueces pueden dar un golpe de estado, simplemente con la toga y las puñetas, que no pasará a nivel local, por mucho que Pep Roselló se desgañite denunciando el uso torticero de una ley.
Ya lo dije en el primer enunciado. «El que esté libre de pecado que tire la primera piedra»
Y Pep tampoco es una hermanita de la caridad y entre todos hemos contribuido a crear la Eivissa, de la que tanto nos quejamos, del chumba, chumba y los ricachos.