El GOB se ha unido a unas 400 entidades en su rechazo al Real Decreto que está previsto que el Congreso apruebe el martes y que permite que los macroproyectos de renovables de más de 50MW no estén sujetos a ninguna evaluación ambiental y se aprueben por silencio administrativo. El grupo ecologista ha destacado en un comunicado que los artículos que permiten esa posibilidad, los 22 y 23 del Real Decreto, «vulneran las normativas europeas».
Cerca de 400 entidades de todas las comunidades autónomas, vinculadas a los territorios afectados, asociaciones ecologistas y ayuntamientos han mostrado su oposición en un documento conjunto publicado en macrorenovablesno.org. Reclaman «justicia climática» y apoyan una transición a las renovables basada en el autoconsumo, la eficiencia energética, la utilización de las zonas ya antropizadas, y las comunidades energéticas, «dentro de un modelo energético distribuido y justo».
Advierten que el modelo a escala macro que está desplegando el Ministerio de Transición en la actualidad «favorece a las promotoras, anula a la ciudadanía, promueve la despoblación y pone en peligro la biodiversidad». Representantes y vocales de las diversas entidades ciudadanas y ecologistas acudirán al Congreso a entregar este documento a los diputados, y a manifestar su oposición a un modelo que consideran que «pone en peligro su forma de vivir y sus actividades, así como el patrimonio ambiental, agrario y cultural de estos territorios».
Aseguran que el decreto no se ajusta a las normativas europeas porque «vulnera el Convenio de Aarhus de participación ciudadana y priva incluso a las principales entidades ecologistas de la posibilidad de conocer los expedientes y formular alegaciones». El Reglamento europeo 2022/2577, aprobado el pasado diciembre, establece la necesidad previa de una zonificación y una evaluación medioambiental estratégica, «condiciones cruciales que han sido obviadas en este Real Decreto 20/2022».
«La desprotección ambiental, la inseguridad jurídica y el agravio comparativo están servidos», advierte el GOB. La entidad verde señala que en las Islas, entidades que trabajan el conflicto de las renovables en suelo rústico, agravado por el impulso de grandes parques a través de las figuras de proyectos industriales estratégicos (Inca, Selva, Mainou en Santa Maria y Son Serra en carretera de Bunyola) se han sumado también a esta iniciativa de ámbito estatal que también afectará a Baleares, donde el suelo disponible es aún más escaso.
EFE
