Llorenç Córdoba, candidato a la presidencia del Consell, ha indicado que “el Govern y el Consell llegan tarde, el problema les ha pasado por arriba y les ha caído encima después de los ocho años que llevan gobernando unos y dieciséis los otros. Poca vivienda pública, en la isla tampoco se puede construir mucho más; nula inspección de la oferta ilegal de viviendas turísticas; y pocas medidas para dar confianza a los propietarios de vivienda a que la saquen al mercado del alquiler”.
En Formentera, según Llorenç, “no hay grandes tenedores, bancos, ni fondos de inversión, detrás del parque de viviendas. En la isla, son sobre todo casas, pisos comprados con mucho esfuerzo por parte de ciudadanos o bien heredados de la familia”.
Sa Unió ha propuesto para la próxima legislatura las siguientes medidas:
– Prioridad por parte del Consell para realizar Inspecciones Turísticas redoblando esfuerzos para controlar la oferta ilegal que se produce en la Isla. “La propia vicepresidenta del Consell ha declarado hace unos días públicamente que no se había hecho nada en este sentido. Hay que cumplir con la normativa de la propia administración insular, solo con esta medida afloraría nueva oferta para todo el año o para los que vienen a trabajar en temporada.”, ha señalado Córdoba.
– Un programa de alquiler seguro para que propietarios pongan su vivienda en alquiler a un precio razonable a cambio de garantías de cobro y mantenimiento y recuperar la vivienda en buen estado.
– Incentivos fiscales para arrendatarios con rebaja de tasas e impuestos a los alquileres para todo el año.
– Ayudas económicas a los inquilinos con más necesidades. – Simplificar los trámites administrativos para aquellos proyectos de reforma y rehabilitación para el acondicionamiento de vivienda para uso residencial.
– Ofrecer y favorecer la posibilidad de que apartamentos y alojamientos turísticos puedan ser puestos en el mercado de alquiler residencial sin que pierdan la licencia turística durante un determinado periodo.
– Hacer lo mismo con locales comerciales, colaborando para que se pueda cambiar su uso a residencial. – Construcción de VPOs, en régimen de alquiler, en zonas urbanas actuales o futuras.
– Destinar un cupo de viviendas en edificios de nueva construcción a un precio tasado con anterioridad, para facilitar el acceso a personas con menos recursos.
– Aprovechar espacios públicos para reconvertirlos en viviendas temporales para funcionarios: personal sanitario, fuerzas de seguridad, maestros, entre otros.
– Colaboración absoluta entre administraciones, y entre éstas y el sector privado para fortalecer la eficacia de las medias propuestas.
Tanto político y tanto gasto y ahora se dan cuenta que en ocho años no han hecho nada.
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