El Govern balear ha impuesto una sanción de 2 millones de euros a la empresa de un policía local de Palma que gestionaba el arrendamiento como viviendas de 68 inmuebles sin las condiciones legales mínimas de habitabilidad.
Según ha informado este viernes la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, la multa es la mayor por explotación de infravivendas impuesta nunca en Baleares y cuadruplica el monto de todas las sanciones dictadas antes por infracciones de este tipo.
El policía municipal propietario de la sociedad limitada gestora de los habitáculos, que incumplían las normas básicas de superficie, iluminación, ventilación y salubridad, fue detenido por estos hechos el 24 de noviembre.
La intervención de la Policía Nacional fue instada por el servicio de Inspección de la Conselleria de Vivienda tras constatar la comercialización de estas infraviviendas en las barriadas de Gomila, Foners y s’Indioteria de la capital balear.
La sanción, comunicada al infractor a mediados de enero, contemplaba un periodo de un mes para plantear recurso de reposición (no se ha interpuesto) y de dos meses para presentar un recurso contencioso administrativo.
El departamento autonómico de Vivienda recuerda que la ley balear contempla sanciones de entre 30.001 y 90.000 euros por infracciones muy graves como las 68 atribuidas a la empresa del policía. En este caso se le impone la sanción mínima fijada en la normativa.
Vivienda explica que los habitáculos están ubicados en locales, plantas bajas y sótanos, muchos de ellos sin baño, ventilación, ni luz natural, con habitaciones alquiladas como viviendas separadas.
El director general de Vivienda del Govern balear, José Francisco Reynés, ha destacado que la actuación contra esta actividad irregular se ha llevado a cabo en coordinación con la Policía Local de Palma y la Policía Nacional.
EFE
