El grupo ecologista GOB ha acusado al Govern del PP de acelerar «la carrera suicida neoliberal» y a la presidenta, Marga Prohens, de estar «decidida a facilitar una nueva embestida inversora y especuladora en unas islas que se encuentran ya en el límite social y ambientalmente».
Ante la «desregulación» urbanística por parte del Govern, el GOB ha advertido en un comunicado que «la transformación del suelo rústico, legal o ilegalmente, es ahora mismo el cambio más importante y acelerado que sufre Baleares con graves impactos ecológicos, territoriales, agrarios y paisajísticos».
La entidad alerta de que el rústico es el suelo «que está en el punto de mira de las nuevas inversiones inmobiliarias y turísticas», por lo que rechaza la amnistía de edificaciones ilegales en suelo rústico que el Govern de Prohens tiene previsto aprobar en forma de decreto-ley en las próximas semanas «sin ni siquiera esperar a las anunciadas leyes de urbanismo y territorio que prevé impulsar en esta legislatura».
Según el GOB, con dicha medida, el Govern de Prohens «activa de forma inmediata una nueva operación de amnistía urbanística que promueve una revalorización de activos inmobiliarios ilegales y fuera de ordenación premiando, de nuevo, a los infractores urbanísticos».
Señala que beneficiará «a gente que no ha respetado las leyes, que no ha pagado impuestos, que no ha contratado a profesionales y que ha contribuido a la ‘rururbanización’ (urbanización del espacio rural) con consecuencias directas sobre los recursos naturales», como la contaminación acuíferos por no disponer de fosas sépticas.
Entre los principales efectos de la legalización en rústico, el GOB señala que beneficiará a los infractores y los operadores del mercado inmobiliario, que podrán vender la finca con mayor facilidad y a un precio mayor, acceder a financiación y realizar reformas, mejoras y ampliaciones.
El GOB advierte de que legalizar los chalés en el suelo rústico los revaloriza en el mercado inmobiliario especulativo porque podrán escriturarse, venderse o hipotecarse.
La entidad ecologista subraya que la indisciplina urbanística en Mallorca es uno de los principales problemas en la ordenación racional de los usos del suelo y en el ejercicio de la planificación urbanística en la isla.
Ha recordado que la Agencia de Defensa del Territorio ejecutó 112 restablecimientos de obras y usos ilegales en el suelo rústico de Mallorca solo en 2022, último año con datos disponibles. La cifra alcanza las 653 entre 2017 y 2022.
Según Terraferida, entre 2015 y 2021 se han «devorado y transformado» 4,1 kilómetros cuadrados de suelo rústico para la construcción de grandes chalets en ‘forávila’, con 2.054 viviendas unifamiliares nuevas o ampliadas, de las que 1.002 son de nueva planta y 1.052 son el resultado de ampliaciones de casas preexistentes.
Estos 4,1 km² equivalen a tres veces la superficie de todo el centro histórico de Palma (1,4 km²).
«Su impacto desde el punto de vista ecológico, territorial, agrario, paisajístico, de movilidad, de organización territorial y social es sin duda lo más importante y acelerado al que se enfrenta Mallorca», recalca el GOB.
EFE
