Los ecologistas mueven ficha para tumbar el decreto de simplificación administrativa de Baleares

El GEN-GOB ha denunciado hoy que el decreto ómnibus de medidas urgentes, «que actúa sobre los principales atascos burocráticos de la administración y suprime la Comisión Balear de Medio Ambiente», según el Govern balear, es «incostitucional» y por este motivo ha pedido al Gobierno central que interponga un recurso al amparo de este argumento, lo que suspendería de forma inmediata «los efectos ya vigentes de este decreto-ley», señalan los ecologistas.

Desde que se aprobó esta medida, los informes de impacto ambiental se evalúan desde una perspectiva estrictamente técnica, algo que según el GEN-GOB representa un peligro además de una amenaza sobre el territorio. «Volver a dejar construir en zonas de riesgo de inundación o de incendio, legalizar construcciones en rústico sin tener que cumplir los mínimos parámetros que marca la ordenación territorial, contradecir normativas superiores y hacerlo todo por vía de un Decreto Ley basado en una extraordinaria y urgente necesidad, representa una modificación muy sustancial de las condiciones legales del territorio de las Islas Baleares y una enorme arbitrariedad que genera elevadas discriminaciones entre la ciudadanía», sostienen los proteccionistas.

El Decreto Ley ómnibus del Govern balear, denominado de simplificación administrativa, ha retocado «docenas de textos legales», y, en opinión del GOB, esta iniciativa impulsada por el Ejecutivo incluye varias causas «de potencial inconstitucionalidad». Por este motivo, han enviado un estudio de consideraciones jurídicas a la Presidencia del Gobierno Central y a varios grupos parlamentarios de Madrid para pedir que el nuevo texto sea recurrido ante el Tribunal Constitucional.

La iniciativa ha sido presentada esta mañana en Palma, en rueda de prensa conjunta del GOB a nivel interinsular, con presencia de representantes de Mallorca, Menorca e Ibiza, quienes entienden que este decreto Ley «solo obedece a intereses particulares». «Cuando se intentan buscar argumentos para justificar que se vuelva a permitir la construcción dentro de zonas de riesgo, como, por ejemplo, de inundación o incendio, cuesta encontrar explicaciones que respondan a un interés general», han manifestado.

Según el GEN-GOB, «la regulación para impedir nuevos asentamientos dentro de zonas que pueden acabar en tragedia surgió después de que se dieran muchos casos que acabaron en desgracia».

«Pretender ahora olvidar estas precauciones, solo puede tener una explicación: satisfacer determinados casos con intereses particulares, pero nunca como una ordenación con un mínimo de racionalidad. Quizás por estos motivos, el Decreto Ley también ha modificado el concepto de aquello que se tiene que entender por interés general. A partir de ahora, ya no hace falta que los beneficios de los proyectos transciendan los meros intereses individuales, como se venía exigiendo en la legislación hasta ahora vigente», subrayan los ecologistas.

Por otro lado, destacan que la disposición que permite legalizar construcciones en rústico representa también una norma «arbitraria», por cuanto «genera agravios comparativos» entre la ciudadanía. «A cualquier persona que quiera hacer una construcción en suelo rústico se le pide una parcela mínima, unas alturas máximas, no superar determinadas volumetrías, u otros parámetros urbanísticos, además de contratar técnicos cualificados y pagar las licencias correspondientes. Ahora, en cambio, «se pretende legalizar miles de construcciones sin pedir el cumplimiento de los parámetros urbanísticos que han cumplido quienes han hecho las cosas bien», , prosiguen.

«Especialmente grave puede resultar en el caso de los negocios, puesto que legalizar empresas en rústico sin exigirles los mismos parámetros que han tenido que cumplir otros es, sin más, alentar la competencia desleal. De este modo, las empresas que tramitan las cosas legalmente acaban teniendo más cargas y esto impide que la actividad económica posterior no parta con las mismos oportunidades». Por estos motivos, desde el GEN-GOB se considera que el Decreto Ley puede representar «la operación especulativa más grande de la historia de la democracia en las islas», entienden.

Los ecologistas señalan que la fórmula del Decreto Ley se puede usar «solo para situaciones de necesidad extraordinaria y urgente. Pero nada parece que encaje en una premisa de este estilo».

«No es urgente dejar construir en zonas con protección de riesgo. No hay ninguna urgencia en legalizar construcciones en rústico que responden a estrictos intereses particulares. No es ninguna necesidad extraordinaria alentar la competencia desleal en las actividades económicas en rústico…».

Por último, recuerdan que la vía para presentar un recurso de potencial inconstitucionalidad de una norma aprobada en un parlamento autonómico corresponde a la Presidencia del Gobierno Central, o a la iniciativa de un mínimo de 50 parlamentarios que dirijan una petición en este sentido al Tribunal Constitucional. Los ecologistas han elaborado un texto con abundante argumentación jurídica y han dirigido la petición por los dos caminos existentes, conluyen.