La Asociación Balear de Inmobiliarias Nacionales e Internacionales (Abini) ha rechazado el nuevo impuesto anunciado por el Gobierno central para gravar la compra de vivienda por parte de extranjeros no residentes y extracomunitarios.
La entidad balear considera en un comunicado que se trata de una medida «arbitraria, discriminatoria y profundamente perjudicial» para la economía de las islas, ya que «castiga de forma directa al comprador extranjero que, en muchos casos, viene a residir, trabajar o establecerse de forma estable en nuestras islas».
La organización también ha alegado que estos extranjeros también contribuyen al dinamismo económico, a la generación de empleo y al consumo local.
El presidente de la organización, Daniel Arenas, ha afirmado que este impuesto penaliza un modelo económico que lleva décadas consolidado en Baleares y lanza un mensaje hostil hacia quienes eligen las islas para vivir, integrarse y aportar.
La medida, al no estar cedida a las comunidades autónomas, excluye la posibilidad de adaptar su aplicación a la realidad territorial y elimina cualquier vía de flexibilización o compensación fiscal en un territorio como Baleares, donde la presencia internacional, no solo turística, sino también residencial y laboral, es vital para la economía, ha apuntado la asociación.
La entidad también ha recordado que no existen datos que vinculen la compra de vivienda por parte de extranjeros con el alza generalizada de precios, ya que intervienen factores como la escasez de oferta, lentitud administrativa, falta de suelo urbanizable o aumento de costes de construcción.
Además, la asociación ha avanzado que solicitará la revisión urgente de este artículo del proyecto de ley y emprenderá contactos con representantes parlamentarios, instituciones baleares y agentes económicos para exigir su retirada
El Consejo General de Economistas (CGE) ve una «locura» el nuevo impuesto complementario para la compra de vivienda por parte de extranjeros no residentes no comunitarios, que llega a duplicar el precio pagado en las viviendas usadas, y cree que se podría acabar resolviendo en los tribunales.
Desde el CGE consideran que, detrás de cada modificación, se busca eliminar a este tipo de entidades del mercado y avisan de que es probable que algunas de ellas acaben buscando destino en otros países fuera de España.
EFE
